La Audiencia rechaza el archivo de la denuncia por estafa y falsedad contra el Padre Silva

REDACCIÓN - OURENSE La Audiencia Provincial de Ourense rechazó archivar la denuncia presentada contra el sacerdote César Silva como presunto autor de estafa y falsedad documental, en relación con la venta de parte de los terrenos de la Ciudad de los Muchachos. El tribunal ordena al juzgado de instrucción número 1 que continúe con las diligencias.

El auto, con fecha 12 de junio y al que ha tenido acceso FARO, responde a un recurso presentado en 2008 por César Silva Méndez y por el promotor Roberto Rodríguez López para reclamar que se archivasen las diligencias realizadas a partir de una denuncia del colectivo "Aibem" presentada en 2007.

El juzgado de instrucción número uno de Ourense fue el encargado de iniciar las diligencias, ahora impulsadas por el auto de la Audiencia, en las que el juez ya había determinado "indicios de que César Silva pudiera ser responsable de un delito de estafa y falsedad documental, y Roberto Rodríguez pudiera serlo de un delito de receptación".

En ese sentido, el juez consideró que el sacerdote César Silva –fundador de la Ciudad de los Muchachos de Bemposta– "supuestamente" transmitió un bien que no le pertenecía porque, previamente, lo había donado a una sociedad en la que él es presidente y la incorporó mediante escritura pública al patrimonio de esa sociedad.

No era legitimo dueño

Según el texto judicial, Silva vendió después la propiedad –los terrenos de Bemposta– al otro denunciado y propietario de la empresa "Promociones Nova Bemposta S.L.", Roberto Rodríguez López ,"que era conocedor de que César Silva no era el legítimo propietario".

Tras el intento de archivo de ambos denunciantes, el auto de la Audiencia Provincial resuelve que las diligencias deben seguir "pues las actuaciones practicadas hasta ahora no permiten descartar los indicios de inculpación penal que indica el juzgado" y también alude a que están pendientes varias actuaciones "para verificar si esos indicios son tales".

La resolución de la Audiencia Provincial de Ourense es firme ya que no admite recurso alguno e incluye la devolución de la documentación al juzgado de instrucción número uno para que siga con las diligencias del caso.