Los acreedores percibirán intereses de demora si el concello no paga en 60 días

El alcalde se compromete a cumplir al pie de la letra la Ley Antimorosidad para mejorar la liquidez de las empresas

 

S.F. - OURENSE El Concello de Ourense se comprometió ayer a cumplir al pie de la letra la Ley Antimorosidad aprobada por el Gobierno en 2004 pero que, según el alcalde Francisco Rodríguez, y el edil de Economía, Agustín Fernández, no se está cumpliendo por la difícil situación financiera de muchas entidades locales.
Se trata de reducir todo lo posible el plazo de pago a los acreedores comerciales no superando en ningún caso los 60 días desde que la factura sea presentada en el Concello. Y en caso de incumplimiento, el gobierno local se compromete a devengar automáticamente el interés de demora fijado sin necesidad de que lo reclame el acreedor. El tipo de interés lo establece semestralmente la propia Ley 3/2004 y en la actualidad es del 9,5%. Según Fernández, el interés es “claramente sancionador” pero entiende que es un derecho que tienen los acreedores y que “si no lo están reclamando es porque a lo mejor no se atreven”. El concello pretende “dejar de ser una carga para las empresas”.
Este compromiso, que no es otro que cumplir la ley, se pondrá en marcha a partir del próximo 7 de mayo. En cualquier caso, Fernández asegura que actualmente el plazo medio de pago a las empresas “ya está por debajo de los 60 días, lo que no quiere decir que no haya acreedores que tardan más de dos meses en cobrar”. A 31 de diciembre, añadió, la deuda con los acreedores era de unos 5,5 millones de euros, siendo las facturas más elevadas las de Unión Fenosa, que “pagamos a 30 días”.
Explicó también que adquirir este compromiso es posible por la situación financiera del Concello, que presume de un superávit de 15 millones de euros y un remanente de tesorería de 21 millones de euros, “lo que nos permite afrontar la crisis con confianza y cualquier imprevisto, como la elaboración de un nuevo PXOM”.
Además, Fernández recuerda la obligación de pagar las obras del Fondo Estatal de Inversión Municipal en 30 días: “Si podemos hacerlo, por qué no con el resto”. Dadas las dificultades de algunos ayuntamientos para hacer frente con prontitud a sus obligaciones de pago, el Consejo de Ministros del pasado 24 de abril aprobó dos nuevas medidas para reducir la morosidad. Por un lado, se autoriza a los concellos a realizar operaciones de endeudamiento para financiar el remanente negativo de tesorería, incluyendo las deudas pendientes con proveedores; y por otro, se aprueba una línea de avales del ICO que garantice los descuentos bancarios de créditos que empresas y autónomos tengan con los concellos.

El remanente de tesorería alcanza los 21 millones

El edil de Economía presentó ayer las cifras correspondientes al cierre del presupuesto municipal de 2008, de las que se deduce que el grado de cumplimiento de las previsiones presupuestarias se sitúa en el 104%. Tan sólo la previsión de ingresos correspondiente a los aprovechamientos urbanísticos no cumplió las expectativas del departamento de Economía “debido a la crisis inmobiliaria que padecemos”, explicó Agustín Fernández. Así, no pudieron venderse terrenos por un importe de 2,3 millones de euros. Sin embargo, precisa, “esto no afecta al equilibrio presupuestario, ya que el gasto previsto sólo se realiza si se logra el ingreso”.
Además, contra un déficit máximo de 4,5 millones de euros que podría soportar el Concello, las arcas municipales logran un superávit de 15 millones. Y teniendo en cuenta las inversiones en curso a finales de 2008 (24,8 millones), las obras que ya se están ejecutando financiadas con cargo al fondo estatal de inversión municipal (19,9 millones), y las que se financiarán mediante modificaciones presupuestarias con cargo al remanente de tesorería (unos 5 millones), el Concello suma una inyección económica en el tejido productivo de 60 millones de euros. De todo ello se deduce un ahorro de 21 millones y una tasa de edeudamiento del 53,46% frente a la del 62% que preveía el Plan Económico Financiero aprobado en 2005.

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