El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Enrique Nóvoa, aseguró ayer que el hecho de que las facturas de las obras en la calle Bedoya y en la plaza Paz Nóvoa, así como los trabajos que está realizando la empresa Tragsa en la zona del Puente Ribeiriño-A Chavasqueira tengan que ser desbloqueadas por decretos del alcalde al ser “frenadas” por el interventor “no hacen más que ratificar las tesis que defendimos sobre las irregularidades en los procedimientos de la adjudicación de las mismas”.

También dejó claro que el PP “obró con absoluta lealtad” con el gobierno bipartito -PSOE y BNG-, al “advertirle de los riesgos que existían por hacer mal las cosas”, y recordó que “insistimos hasta la saciedad en que existían serios riesgos de que las actuaciones tramitadas de manera irregular sufriesen reparos en el momento de presentar las facturas o, pero aún, que pudiesen ser declaradas nulas”.

Otra de las cuestiones sobre las que incidió Nóvoa en relación con un asunto que considera “grave” es que por parte del PP “nunca estuvimos contra las obras”, aunque sí “contra la forma chapucera de tramitarlas”, que considera “muy propias” de un gobierno que demostró ser “incapaz de gestionar debidamente”.

Judicializar

Ante está situación, subrayó que por parte del PP, como se anunció en su momento, “no se judicializará este asunto”, por entender que sería perjudicar los intereses de la ciudadanos, aunque eso no impide que insista en el “riesgo real” de que haya una resolución que anule el proceso seguido por el gobierno en la adjudicación de las obras de Bedoya y Paz Nóvoa, así como las que realiza Tragsa a través de un convenio firmado con el Concello.

Algo similar podría repetirse con el proyecto de la rehabilitación de un edificio para ubicar la sede del área de Urbanismo y el restaurante en las Pozas de Maimón, ambas incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Municipal, como denunció Nóvoa.

En cuanto a las obras realizadas señaló que el alcalde “salvó la papeleta de estas irregularidades, por ahora, gracias a los decretos firmados”, aunque se preguntan los populares “¿por cuánto tiempo?”. Aunque consideran que Francisco Rodríguez debe exigir responsabilidades a los concejales que “se han saltado a la torera informes técnicos, como el del interventor”, en este caso concreto el responsable del área de Infraestructuras, el nacionalista Andrés García Mata.

Enrique Nóvoa recalcó que el proceso seguido en las adjudicaciones “ha sustraído a la ciudad más de 700.000 euros al no hacerse a precio de mercado”, algo que “también se da en otros proyectos”.