La Ley de Bases de Régimen Local obliga a todos los municipios, independientemente de su tamaño, a contar con cementerios de carácter público al margen de los que son gestionados por la Iglesia, para garantizar un uso libre de los mismos por parte de la ciudadanía, no lucrativo y sobre todo aconfesional, de modo que puedan ser enterrados en ellos aquellos que son de otras religiones y no desean por tanto recibir sepultura en un cementerio católico.
Sin embargo la practica totalidad de los concellos ourensanos, salvo los de las grandes capitales que cuentan con cementerios de carácter público, incumplen esta normativa, “por lo que habría que ir pensando ya o bien en hacer cumplir o en modificar una ley, para dejar de seguir vulnerándola”.
Así se expresaba ayer el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, Roberto Bustillo, quien impartió r una conferencia de las “Xornadas de Sociedade e Dereito” que se celebran en el campus de Ourense, sobre el tema “¿Quien gestiona los cementerios?. Del Siglo XIX al siglo XXI. Doscientos años de pugna entre la Iglesia y la Administración Pública”.
El título de la conferencia es un resumen en si mismo de su contenido, que arrancó recordando como hasta el siglo XVIII los cementerios dependieron de la Iglesia, “pues las competencias del Estado eran muy reducidas, no había sanidad, educación o servicios sociales públicos” señaló Roberto Bustillo, y no fue hasta finales del XVIII y principios del XIX, cuando los poderes públicos comenzaron a ocuparse de los cementerios, por su repercusión sanitaria.
“Los primeros cementerios públicos construyeron por orden de Napoleón que dada su modelo tajante de separación entre Estado e Iglesia ordenó que todos lo cementerios públicos fueran aconfesionales”.
En España los primeros cementerios públicos fueron construidos por José Botella en Madrid en 1809-1910. El proceso de municipalización de este servicio alcanza su punto culminante en la II República, “y lo que hace es excluir a la Iglesia del control de los cementerios; la constitución republicana los deja a todos bajo control de la autoridad pública”, explica Roberto Bustillo.
Con la Guerra Civil se le devuelve a la Iglesia el control de estos bienes incautados y durante el franquismo conviven cementerios religiosos y civiles, pero eran confesionales y determinadas personas podían ser apartadas o discriminadas..
La situación empieza a mejorar a partir de 1967 al conceder el derecho a toda persona a un entierro digno, no extramuros por su condición política, religiosa, o por haberse suicidado, como ocurría, “pero en la práctica la decisión iba al libre albedrío del sacerdote; era como la actual Ley de Costas, muy buena pero cada uno la interpreta a su manera”, compara este profesor de Derecho Administrativo.
Es a partir de 1978 con l libertad religiosa y el principio de aconfesionalidad del Estado, cuando se hace cumplir esa ley y hasta 1996 coexisten cementerios católicos y públicos donde tiene acceso todo el mundo .A partir de ese año el Estado liberaliza los cementerios y puede haber otras personas físicas y jurídicas que pongan en marcha un cementerio. En Galicia un reglamento de 1990 permite incluso cementerios de otras confesiones religiosa, pero unos y otros sin ánimo de lucro.
La mencionada Ley de Bases de Régimen Local 1995 considera los cementerios servicio público, y obliga a todos los concellos a contar con uno aunque u sea mancomunado, pero “este es un ejemplo de ley que no se cumple y hay que revisar, tal vez por la dificultad de crear tantos cementerios en un país de 8.000 municipios”, indica Bustillo.
