Vivienda concede la renta de emancipación para alquilar un piso a 1.335 jóvenes de Ourense

Muchos dicen no haber cobrado o que reciben la ayuda cuando ya pagaron el alquiler

 

REDACCIÓN - OURENSE

El Ministerio de Vivienda ha ordenado el pago de la Renta Básica de Emancipación, a un total de 1.335 jóvenes de Ourense, lo que la convierte en la tercera provincia gallega tras A Coruña y Pontevedra donde se han aceptado más solicitudes.

Esta renta de emancipación a la vivienda, que trata de apoyar a los jóvenes que quieren independizarse del hogar familiar y hacer su propia vida, una vez que han accedido al mercado laboral, se incluye dentro del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo.

Los datos son de 31 de marzo de 2009 y la mayoría de las personas que han solicitado estas ayudas y que consiguieron la aceptación de pago de las mismas son mujeres en un 56% de los casos frente a un 43,6 por ciento de hombres.

Sin embargo, algunos de los solicitantes a los que se le ha aceptado a finales de 2008 el pago de esta renta de ayuda que ronda los 210 euros de ayuda al alquiler, como María T. quien prefiere preservar su identidad afirma que la ayuda le fue concedida a finales del pasado año, pero todavía no ha empezado a recibir el cobro.

Por su parte, otro joven beneficiario de este sistema lamenta que esta renta, para cuya entrega el solicitante debe de acreditar entre otros muchos trámites un contrato de trabajo de una antigüedad mínima de 6 meses de duración, que el dinero se conceda al menos un mes más tarde de haber realizado el pago del alquiler.

Evitar la picaresca

El Ministerio de Vivienda mantiene no obstante que los mecanismos para efectuar los pagos de esta Renta Básica de la Emancipación son “complejos”, y exhaustivos los controles necesarios para garantizar que quien la recibe es quien tiene el derecho a hacerlo”, afirman y evitar de este modo la picaresca.

En el proceso de control participan por tanto hasta siete agentes distintos, lo que complica el proceso, desde el solicitante a la comunidad autónoma a través de la Consellería de Vivenda, entidades de crédito, el propio Ministerio de Vivienda la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Un trabajo complejo para evitar la inevitable picaresca.

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