La comisión de Administraciones Públicas del Senado aprobó ayer una moción del nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza, mediante la que demanda al Gobierno central que apoye al sector textil gallego y español en las compras de las administraciones públicas.
La moción fue aprobada con el respaldo de todos los grupos políticos, salvo el PSOE que se opuso. Por lo tanto, la comisión insta al Gobierno a que en las compras de productos textiles para la Administración Pública del Estado, organismos autónomos y entes dependientes “se incluyan criterios de calidad, respeto a la normativa laboral internacional, al medio ambiente y no sólo económicos”.
Xosé Manuel Pérez Bouza explica que las arcas del Estado y de otras administraciones públicas “realizan compras por valor de más de 500 millones de euros, que en su mayor parte van a empresas asiáticas”.
El senador recuerda que las compras de productos textiles, por parte de las administraciones públicas, representaron en 2007 más de 538 millones de euros, de los cuales 269 millones corresponden a prendas de uniformes, “un volumen de negocio que adquiere una importancia fundamental, en un período de crisis económica para el sector, como el actual”.
Bouza denuncia el malestar y la preocupación del sector textil gallego y español, “ante la tendencia del Gobierno a adjudicar los contratos de compras de productos textiles a empresas asiáticas, primando criterios puramente economicistas sobre la calidad”.
El senador reconoce que las administraciones públicas están sometidas a los dictados de las normas internacionales de comercio, que las obligan a no distinguir entre empresas nacionales y extranjeras. Sin embargo, indica que sin llegar a incurrir en prácticas proteccionistas, “deberían exigir en sus adjudicaciones criterios de calidad y de cumplimiento de las normas internacionales, en materia laboral y ambiental, para que las empresas gallegas y españolas puedan competir en pie de igualdad”.
Bouza recuerda que la última adjudicación de uniformes de la Guardia Civil se realizó a una UTE española, que subcontrató la confección a una empresa china. Por lo que señala: “No puede ser que un uniforme que aquí cuesta 36 euros hacerlo, se haga en China por seis euros, respetando la legislación internacional, en materia laboral”.
El representante del PSOE justificó el voto en contra de la moción, argumentando que la medida encarecerá las adjudicaciones.
