La defensa del matrimonio de Verín, acusado de tráfico de drogas, pide la nulidad de las entradas y registros telefónicos que se realizaron durante dos meses a uno de sus miembros, Carlos José García, al indicar que "fue una vulneración gravísima de su derecho a la intimidad, ya que no había una hipótesis firme sino cuatro datos para llevarla a cabo, por lo que pide su absolución".

La Sección 2 de la Audiencia Provincial de Ourense celebró ayer la segunda jornada del juicio por un delito de tráfico de drogas calificado como grave, que sentó en el banquillo de los acusados a una pareja de Verín, como supuestos vendedores de estupefacientes y a un hombre de Cambados que era el que presuntamente se los suministraba.

El Ministerio Fiscal fue determinante a la hora de explicar cuáles eran sus conclusiones a la vez que elevó sus peticiones a definitivas, en las que pedía para Óscar Falcón, vecino de Cambados, seis años de prisión; para Carlos José García, cuatro años y seis meses y para la mujer de este último, María Romina Diéguez, tres años y seis meses, además de que todos deberán pagar 46.234 euros de multa.

En este sentido, el fiscal que lleva el caso indicó que ante la petición de la abogada de la defensa del matrimonio de anular las pruebas relacionadas con los registros y entradas de llamadas telefónicas, que "éstas habían sido ordenadas por la vía judicial". Argumentó que "había indicios claros de que Carlos José se dedicaba al tráfico de drogas en Verín, después de que se pudiera comprobar que mantenían contacto con consumidores habituales y sobre todo durante el fin de semana".

Por otro lado, explicó que durante la fase de instrucción, "Carlos José declaró que los 284 gramos de droga que se encontraron en su domicilio eran suyos y que se dedicaba a la venta de la misma y que esa cantidad se la había suministrado Óscar Falcón, a quien le pagó por la misma algo más de 5.000 euros, un testimonio que lo hizo delante de su letrada y ahora dice que ha sido coaccionado por funcionarios públicos por miedo a perder la custodia de sus hijos retractándose de todo". Por este motivo indica que "es clara su culpabilidad ya que las investigaciones policiales lo demuestran".

En el caso de María Romina Diéguez, la defensa pide la libre absolución al indicar que "no existe nada que justifique que tenía conocimiento de lo que pasaba y de haberlo sabido estaba en su derecho de no decirlo porque era su mujer".

En relación a esto, el fiscal indica que "se encontró una caja de caudales en unos de los registros en un trastero que estaba a nombre de la mujer y precisamente la llave para poder abrirla estaba en el llavero de la misma", argumentación que la defensa sostiene diciendo que ella no tenía constancia de la existencia del trastero y que la "llave llevaba allí mucho tiempo y no sabía para que era".

Por su parte la defensa de Óscar Falcón, afirmó que "no hay nada que lo pueda hacer culpable, ya que él había indicado en la fase de instrucción que el dinero encontrado en el coche, unos 5.580 euros, eran para dar una señal para cambiar de coche, y el que había en su casa eran sus ahorros".