X. M. C. Ourense
Más de cien vecinos y propietarios del polígono urbanístico de Papón realizaron ayer una movilización por la avenida de Zamora para protestar contra la demanda que les planteó a 22 personas la empresa "Constructores urbanísticos", de la que forman parte el secretario del Concello de A Merca, Alejandro Blanco Fernández, y el arquitecto del mismo concello y del de A Peroxa, Francisco Javier Neira González. La consultora le reclama a los vecinos el pago de una factura de 1.036.000 euros, por las gestiones que realizó para el desarrollo urbanístico de la zona -cuenta con 89.000 metros cuadrados, para construir 715 viviendas_-, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Ourense de 2003, pese a que nunca podrá ser desarrollado porque ya cuenta con unas diez sentencias en contra, que el Concello ha recurrido para poder avanzar la confección de otro documento de ordenación urbanística.
Los vecinos afirman además que Alejandro Blanco y Francisco Javier Neira no atendieron la petición realizada por los veinte vecinos que tienen casas dentro del polígono urbanístico en la actualidad, por lo que reclamaban la construcción de viviendas unifamiliares, "en una zona que no interrumpiese el desarrollo urbanístico". Por lo que consideran "una grave negligencia profesional" que no hubieran presentado "ningún tipo de alegación" ante el Concello, en el momento que el Plan General de Urbanismo permaneció expuesto al público. Por lo que consideran un despropósito que ahora presenten una factura de 1.036.000 euros, mediante denuncia presentada en el Juzgado de Primera Instancia de Ourense contra 22 propietarios.
Los vecinos que acudieron a la movilización sostienen que Alejandro Blanco Fernández y Francisco Javier Neira "se fueron subrogando de forma unilateral la representación de los propietarios, sin consentimiento expreso de estos, con la finalidad de suscribir con el Concello de Ourense un convenio urbanístico. Aseguran que las negociaciones de los términos en los que se estableció el mencionado convenio, "nunca fueron pactadas con el conocimiento de los propietarios, ya que estos nunca participaron en las mencionadas negociaciones".
Critican que los parámetros de edificabilidad son similares a los de otros polígonos de la zona, por lo que consideran "nula la gestión que realizaron los dos técnicos", a los que los vecinos les habían realizado peticiones singulares, como la posibilidad de construir viviendas unifamiliares.
Los manifestantes responsabilizan a los técnicos de que, a partir del momento que se aprobó el Plan General, "se dedicaron exclusivamente a mantener contactos individuales con algunos propietarios de grandes superficies, intentando intermediar en la venta de sus propiedades, objetivo que lograron en algunos casos, obteniendo supuestamente por dicha intermediación un beneficio que muy bien pudiera considerarse especulativo". Sostienen que desde el año 2003 hasta mediados de 2007, los técnicos nunca mantuvieron contacto con los propietarios para desarrollar el Plan Parcial, necesario para llevar a cabo las sucesivas fases de urbanización.
