Baltar es partidario de llevar al juzgado las presuntas irregularidades del bipartito

Responsabiliza a Francisco Rodríguez y a Sánchez Vidal del inicio de las obras de Bedoya y Paz Nóvoa sin aprobación definitiva

09.11.2008 | 02:25
José Luis Baltar, detrás del portavoz del PP, Enrique Nóvoa, en el pleno celebrado el viernes.
José Luis Baltar, detrás del portavoz del PP, Enrique Nóvoa, en el pleno celebrado el viernes.

"Soy partidario de ir al juzgado". Así de rotundo se mostró ayer el presidente provincial del PP y concejal en el Concello de Ourense, José Luis Baltar, en relación con las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno bipartito, formado por PSOE y BNG, en la adjudicación de las obras que se realizan en la calle Bedoya y en la plaza Paz Nóvoa, con una inversión global de más de un millón de euros.
La única posibilidad de que los populares cambien de opinión es que "reconozcan los errores, si es que fueron eso, errores, y se facilite toda la información" , así como aprobar la creación de una comisión de investigación, rechazada por socialistas y nacionalistas en el pleno del viernes, que derivó en el abandono de la sesión de los concejales del PP, en la que se procedería a depurar las responsabilidades políticas a las que hubiese lugar.
Baltar, además de responsabilizar de la situación al alcalde, Francisco Rodríguez, y al teniente de alcalde, Sánchez Vidal, advierte de que "disponemos de documentación que refleja un proceso irregular" en la adjudicación de las mencionadas obras. Y de paso rebate los argumentos esgrimidos por el concejal de Infraestructuras, el nacionalista García Mata, en el sentido de que las obras se podían iniciar contando con la aprobación provisional del proyecto y depositado el correspondiente aval por parte de la empresa.
En cuanto a las criticas vertidas por Sánchez Vidal de que "no se debe judicializar" la vida política, Baltar calificó el planteamiento de "demagógico", y reprochó la "doble moral" de los nacionalistas, al señalar que: "no hay que judicializar la política cuando los implicados son ellos, pero sí cuando lo están los del PP".
Y aludió a lo ocurrido en la adjudicación de unas obras en el Concello de Calvos de Randín, que llevaron al ex alcalde del PP, Antonio Rodríguez, al juzgado, y para el que la Fiscalía pide 9 años de inhabilitación por la construcción de unos vestuarios en el pabellón de deportes sin haber cumplimentado el proceso administrativo.
Baltar tiene claro que "estamos ante un caso similar", debido a que las obras en Bedoya y Paz Nóvoa las iniciaron las empresas "sin tener el contrato firmado, ni tampoco adjudicación definitiva". Y eso que "tuvieron tiempo desde junio, cuando la Xunta confirmó la subvención" para los dos proyectos, y que se iniciaron en octubre, por lo que el BNG "no puede decir que si no se hacen las obras se pierde el dinero".
Considera que el bipartito debió "agilitar la tramitación", como "nos exige la Xunta a la Diputación" cuando concede alguna de la subvenciones, "que cada vez son menos", para la ejecución de diferentes proyectos. Y aludir a que "podrían haber conseguido una prórroga, para eso presumen de gobierno amigo", y de esa forma evitar perder la subvención.
En cuanto al intento de adjudicación , por parte del BNG, de unos paneles informativos a una empresa que todavía no estaba constituida, por un período de 40, y que le hubiese supuestos unos ingresos millonarios, Baltar acusó al bipartito de "ocultar" información para evitar debatir la petición de una comisión de investigación.
Pero anunció que cuando tengamos toda la documentación sobre el proceso que se siguió para la contratación, que "nos la tiene que facilitar el gobierno municipal, como marca la ley, tomaremos las medidas oportunas", sin descartar que también se lleve al juzgado.
Baltar, con los datos de que dispone su grupo, aseguró que "estamos ante un grave incumplimiento de la legislación", debido a que el teniente de alcalde, Sánchez Vidal, firmó un contrato, con la empresa "Afiadores Producciones Audiovisuales", cuando "ya estaban los agujeros para su instalación", sin contar con los perceptivos informes jurídicos, que llevó al alcalde a parar todo el proceso.

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