El PSdeG-PSOE va a denunciar ante a Comisión Europea en Bruselas el "uso irregular" que hace la Diputación de los fondos que le entrega la UE, y culpa al organismo provincial, y en concreto a su presidente, el popular José Luis Baltar, de incumplir el compromiso de invertir los casi 6 millones de euros que le dio la Unión Europea a través de los fondos cohesión, al fin previsto, que era, entre otros, la construcción de 11 plantas de transferencia incluidas en el Plan de Recogida Selectiva de Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de Ourense.

La portavoz de Medio Ambiente del Parlamento de Galicia, Laura Seara, y el alcalde de O Barco, Alfredo García, denunciaron ayer que las obras previstas tenían un presupuesto de 7,3 millones de euros, de los cuales la UE aportaba el 80% responsabilizándose la Diputación del 20% restante y de rematar los proyectos en diciembre de 2002.

"Sin embargo, la Diputación no puso un euro, firmó posteriormente sendos convenios con la Consellería de Medio Ambiente (entonces en manos del PP), para conseguir el dinero restante, e incumplió igualmente estos cuerdos firmados con la Xunta, dado que hoy tenemos sólo 11 plantas de transferencia de residuos instaladas, de las cuales 4 no funcionan y las otras 7 tuvieron que ser legalizadas por el PSOE a su llegada a la Xunta", indica Laura Seara.

Plantas ilegales

Los proyectos para los que la UE concedía esta partida a través de los fondos de cohesión "iban a beneficiar a un total de 238.000 habitantes de la provincia, para potenciar la eficacia desde el punto de vista ambiental y económico, y asegurar la viabilidad de la recogida selectiva de residuos", indica Seara.

Uno de los pilares de esas ayudas era la construcción de las 11 plantas de transferencia en la provincia, que la Diputación debía tener rematadas en diciembre de 2002.

"Pero nos encontramos con 6 funcionando y 5 fuera de servicio", explica la diputada, que recordó que aún no están en marcha las de Muiños, Peroxa, Ourense en Maceda, Conxo Frieiras en A Gudiña y la de Viana do Bolo.

Siete plantas eran además ilegales por un sinfín de motivos "y el PSOE tuvo que hacer un plan sectorial a su llegada a la Xunta para poder legalizarlas".