La jornada de movilización de funcionarios municipales convocada por los sindicatos USO y CSIF se desarrolló ayer con total normalidad, aunque las valoraciones son de lo más dispares. Así, el gobierno bipartito dice que resulto un "fracaso", ya que a la concentración en la Plaza Mayor acudieron algo más de 40 trabajadores, de los cerca de 1.000 que tiene actualmente el Concello de Ourense.

Una cifra que los sindicatos convocantes elevan a casi 300, alegando que la asistencia de personal fue rotatoria en base a que se celebró en tiempo de jornada de trabajo, entre las 10.30 y las 11.30, por lo que los trabajadores aprovechaban el descanso del café para acudir a la concentración, por lo que en algunos momentos oscilaba ente los cerca de 70 y los 40 funcionarios.

En la movilización había dos pancartas que reflejaban las protestas por la falta de dialogo y sobre todo por la "imposición" del nuevo Acuerdo Regulador. Después de increpar al alcalde y hacer sonar las bocinas que llevaban, se daba lectura a un manifiesto en defensa de los derechos de los trabajadores, y se insistió en que las peticiones no están relacionadas con incrementos salariales, sino que "pedimos que nos dejen como estábamos", indicó el portavoz de USO, José Luis Valcarce.

De ahí que entre los 19 puntos del conflicto colectivo que sostienen está por resolver, subrayen la "persecución funcionarial y sindical", la petición de una negociación "justa e igualatoria", que no se suprima el articulo que recoge la promoción interna y profesional, así como el de provisión de puestos, en caso de que se supriman algunos o se privatice un servicio, y que no se recorten las ayudas sociales, entre otras

El concejal de Personal, Rodríguez Penín, comentó que "mirando la cantidad de participantes, la movilización fue un fracaso, como vio todo el mundo". Y sostiene que los funcionarios que no participaron, "la inmensa mayoría", conocen el acuerdo alcanzado con los otros sindicatos "y saben que no es tan malo".

Además de rechazar que exista "persecución alguna", asegura que no se rebajan las ayudas sociales, toda vez que se acordó mantener el acuerdo anterior, salvo en aquellas cuestiones que "eran ilegales", y que sostiene "son las que afectan a los intereses particulares de los representantes de estos dos sindicatos".

Café bares

Una vez abandonaron la Plaza Mayor los funcionarios, tomaron el relevo la asociación de café bares del casco vello, que se asentaron en las escalinatas del concello para pedir una solución al conflicto que tienen con los café bares especiales por competencia desleal, que acabó en el juzgado.

Sobre esta cuestión, y después de que el edil del PP, Gómez Villar criticase al concejal de Gobernación de "alargar innecesariamente el conflicto", Rodríguez Penín, como responsable de Gobernación, dijo que "todo pasa por que cumplan la normativa aprobada en 2005 por el gobierno del PP con el apoyo de todos los partidos".

Y que el problema afecta a dos colectivos de hostelería, con sentencias judiciales que ordenan al concello vigilar el cumplimiento de la norma, y en caso contrario proceder al precintado del local, que es "lo que estamos haciendo", indicó.