El sindicato CIG pide que se realicen auditorías de todos los centros asistenciales de Fundación San Rosendo tras la sentencia que condena a cinco años de prisión a su presidente, Benigno Moure, por apropiación indebida de los bienes de una anciana ingresada en una de sus residencias. De igual modo la central solicita a la Xunta que elimine este modelo de gestión privada concertada y que sean auditadas todas las fundaciones o centros de este tipo que atienden a mayores y minusválidos.

Hace ahora diez años el sindicato CIG en Ourense y concretamente su secretario comarcal, Etelvino Blanco, fue juzgado y condenado a 7 meses de prisión menor, a pagar una multa de 950 euros y a indemnizar con 6.000 euros a Benigno Moure, presidente de Fundación San Rosendo por advertir de que iba a investigar si esa fundación escondía "negocios sucios" cometidos "al amparo de una asociación que se aprovecha de los desvalidos para su lucro particular".

Ahora, diez años después de aquel fallo que condenó al sindicato, otra sentencia, esta de la Audiencia Provincial de Ourense, condena al sacerdote Benigno Moure a cinco años de prisión y tres de inhabilitación para trabajos que tengan relación con ancianos, tras ser acusado de un delito de apropiación indebida de los bienes de una anciana.

Para Etelvino Blanco "esta sentencia demuestra que las denuncias de la CIG tenían fundamento y que el hecho de no ser atendidas en su día fue un grave error o una injusticia". Desde la CIG celebran "que por fin se comience a hacer justicia, tanto con quien delinquió como con quien no hizo más que cumplir su deber cívico, a pesar de las duras presiones que tuvo que soportar".

La CIG pide además que la autoridad laboral e inspectora "fiscalice las condiciones de trabajo que se dan en este tipo de organizaciones privadas"; es decir, lo mismo que solicitó hace diez años, pero que entonces no se llevó a cabo.