X.M. del Caño / OURENSE

El presidente de la Asociación de Constructores de Ourense, Eligio Nieto Lamas, pide a Flager que contrate las obras de urbanización y construcción de las 700 viviendas que le corresponden a empresas de esta provincia, siempre que igualen las propuestas que presenten las del resto del Estado. Nieto, en su condición de presidente del sector de la construcción en el conjunto de la Comunidad Autónoma, pide que la medida se extienda al conjunto de las empresas gallegas. Y propone que la inmobiliaria incluya esta oferta dentro del paquete de mejoras que reclama el alcalde de Ourense para la aprobación definitiva del proyecto.

Eligio Nieto considera que la medida servirá para paliar la crisis que sufrirá el sector en los próximos cuatro años, en los que estima que las empresas constructoras pueden perder más de 5.000 empleados, de los 15.210 que tienen en la actualidad. "En el momento que finalice la carga de trabajo, que se ha incrementado por la gran cantidad de visados de viviendas que se realizó antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, que exige mejoras de habitabilidad, habrá una recesión terrible".

El presidente de los constructores considera que el sector empezará a sentir la crisis a finales de este año, "pero se acusará mucho más cuando se termine la carga de trabajo que hay iniciada". Y pide al Concello de Ourense que le conceda una ampliación a las empresas, para que puedan desarrollar los proyectos que han presentado para su ejecución en el plazo de dos años en un período más largo. "Yo pienso que los concellos acabarán concediendo prórrogas para poder construir".

Nieto sostiene que la bolsa de pisos nuevos que hay en Ourense sin vender no es importante. Y niega que el descenso de la venta de viviendas haya llevado a una situación de suspensión de pagos en el sector. "Eso es un simple rumor que está circulando por ahí, pero es todo mentira. De momento no hay ningún constructor que se encuentre en esa situación, de suspensión de pagos". Sin embargo avisa de que se producirá "un parón fuerte en la construcción", por la subida de intereses bancarios y del Índice de Precios al Consumo (IPC). En ese sentido, señala: "No se va a construir, se va a paralizar y punto".

Las obras de urbanización de la finca Santamariña se realizarán en los dos próximos años y la construcción de pisos en otros dos o tres años, "por lo que puede ayudar a frenar la caída de empleo en la provincia".