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El gobierno local negocia con Flager contrapartidas por 1.000 viviendas

 
Un pleno del Concello de Ourense. / Jesús Regal
Un pleno del Concello de Ourense. / Jesús Regal 

Representantes municipales se reúnen el martes con la empresa para estudiar cesiones en materia de bienes y servicios

X.M. del Caño / OURENSE
La concejal de Urbanismo, Áurea Soto, anuncia que el Concello de Ourense exigirá contrapartidas, en bienes y servicios para la ciudad, por la construcción de mil viviendas en la finca Santamariña. La ronda de contactos y negociaciones con Flager se iniciará el próximo martes. Soto advierte de que tras el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a favor de la Diputación y de la inmobiliaria, "las competencias sobre la gestión del suelo las mantiene la Administración local", por lo que intentará buscar una solución consensuada. Pese a que ahora ya no hay ningún impedimento legal para acometer el proyecto, la ejecución de las obras podría realizarse en un período que oscilará entre los dos y los cuatro años, dependiendo del grado de celeridad y entendimiento entre las partes.
Área Soto advierte a Flager de que no podrá desarrollar el proyecto tal como lo había planificado en 2002, "porque ha cambiado el gobierno municipal, que tiene la responsabilidad de gestionar el suelo". El grupo de gobierno en principio no discute que la inmobiliaria haga torres de 17 plantas, "porque así está contemplado en el Plan Xeral de Urbanismo que aprobó el grupo del PP", pero buscará otro tipo de "modificaciones y cesiones, para lograr beneficios para la ciudad".
Áurea Soto afirma que si la finca fuera propiedad del ex alcalde, Manuel Cabezas, del presidente de la Diputación, José Luis Baltar, o del actual portavoz del PP, Enrique Nóvoa, "nunca la hubieran vendido por ese precio. Por lo tanto, hay que sacar algo para la ciudad".
La titular de Urbanismo indica que espera "la máxima colaboración, por parte de Flager, que a estas alturas ya ha intuido que no es el mismo gobierno. Esperamos que ponga de su parte, para lograr un acuerdo".
Áurea Soto adelanta que el grupo de gobierno no va a boicotear la actuación, con la intención de forzar otro proceso judicial que dilataría la construcción, pero advierte: "El gobierno local marcará las pautas. Nosotros tenemos que gobernar. No hicimos el PXOM, pero lo gestionamos, con los instrumentos legales que tenemos, atendiendo a los objetivos que hemos marcado, dentro de la campaña electoral, por los que fuimos elegidos".

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