Lo que iba a ser la primera reunión del Consello Sectorial de Urbanismo se quedó en una simple reunión de colectivos con el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, y el equipo redactor del PXOM. Fueron convocadas asociaciones que no estaban constituidas legalmente y otras que no habían expresado mediante acuerdo de sus respectivas asambleas formar parte del citado órgano consultivo.

Pero el borrador que maneja la empresa encargada de confeccionar el Plan Xeral sigue ofreciendo sorpresas que se plasman sin rubor en el guión de las propuestas que que el jueves llegaron a esta simple reunión. Para sorpresa de muchos, el convenio de Promalar se mantiene. Aparece en el borrador como Suelo Urbanizable. Textualmente el documento dice. "A proposta limita os solos a: salvagardar o convenio de Promalar e a compatación do núcleo de Cangas. Non hai novos desenrolos fora da capital municipal". Es revelador que el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, que luchó denodadamente contra el citado convenio, lo mantenga. Afectaba a 80 hectáreas de la zona de Aldán, donde se iban a construir entre 5.000 y 7.000 viviendas, y por el que el Concello recibió 2,7 millones de euros. Según los expertos, el citado convenio quedaría reducido ahora a una zona entre el Bosque Animado y la residencia de ancianos Geriatros. Hay que explicar que el Concello pagó en 2016 a la empresa Promalar, en liquidación, 742.500 euros, como consecuencia del fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El alto tribunal gallego sentenció en 2015 que el Concello debía abonar la citada cantidad a la que fue empresa de Juan Lago, ya que era el dinero que se había satisfecho como consecuencia de la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Muncipal. No obstante, señaló que no procedía que el ayuntamiento devolviera los 2 millones de euros restantes porque el pleno de la corporación municipal de Cangas sí ratificó el convenio firmado entre las partes en el año 2004, cuando era alcalde el popular José Enrique Sotelo. La conclusión es que el convenio aún está vigente y que el gobierno busca fórmulas para no tener que pagar a Promalar los 2 millones de euros pendientes, con sus correspondientes intereses.

En cuanto a otros aspectos del Plan Xeral que se trataron en la reunión y que no dejaron de ser polémicos fueron las sendas peatonales, espacios libres y aparcamientos. Donón y Vilanova no están muy de acuerdo con la propuesta de carriles de bicicletas y aparcamientos disuasorios. Consideran que se deben plantear alternativas para evitar el estrangulamiento actual de tráfico en O Hío abriendo nuevas vías.

Por su parte, el concejal de Cangas Decide, José Luis Gestido, presente en la reunión, habló a su término de fracaso y paripé. Dijo que hubo críticas por el hecho de que el Consello Sectorial no fuese convocado antes y aseguró que la empresa se comprometió a entregar en cinco semanas el borrador y el plan estratégico.