El gobierno tripartito de Cangas ha convocado para mañana domingo un acto de protesta contra la suspensión, por orden judicial y a instancias de la Abogacía del Estado, del proceso participativo para elegir los dos días festivos de Cangas,que debería culminar con la votación en las urnas habilitadas en las bibliotecas parroquiales. La concentración tendrá lugar a las 12.30 horas frente al consistorio y los convocantes esperan una "resposta masiva" ante lo que consideran una intromisión del Estado en la autonomía municipal y la imposibilidad de conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones básicas que les corresponde decidir.

El proceso participativo para elegir los dos festivos locales de Cangas para 2019, 2020 y 2021, al que este domingo estaban llamadas todas las personas empadronadas en el municipio mayores de 16 años, ha quedado suspendido por resolución judicial. La titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Pontevedra ha tomado esa medida cautelar a raíz de la denuncia presentada por el abogado del Estado que advierte del incumplimiento de las condiciones que deben regirse para hacer una consulta popular, entre ellas estar avalada por la mayoría absoluta del Pleno y autorizada por el Gobierno del Estado. La resolución se recibió a primera hora de la tarde de ayer, a menos de tres días de la cita con las urnas en las bibliotecas municipales en cada parroquia, y no es recurrible, según especifica el escrito judicial y critican desde el Concello. En todo caso, el alcalde, Xosé Manuel Pazos, anuncia que la convocatoria queda suspendida para no incurrir en desacato.

El gobierno local tuvo conocimiento, el miércoles y a través de la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana María Ortiz, del recurso contencioso-administrativo presentado por la Abogacía del Estado contra la convocatoria del proceso participativo promovido por la Concellería de Participación Veciñal e Transparencia, que dirige Jesús Pérez (ASpUN). Fue a raíz de una consulta realizada tras recibir, un día antes, un escrito de la Subdelegación del Gobierno solicitando "que nos amplíe la información oportuna sobre esta convocatoria y se nos remita , en su caso, el acuerdo municipal adoptado y el expediente administrativo correspondiente", otorgando 20 días de plazo para formalizar esos trámites. Después de que los representantes del ejecutivo municipal se reunieran con la secretaria para valorar los pasos a seguir, llegó el mandato judicial para suspender el proceso participativo, según aseguran desde las tres fuerzas del tripartito.

La medida se basa en el supuesto incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, y más concretamente en su artículo 71, que hace referencia a la información y participación ciudadanas. "De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local".

Los representantes municipales argumentan que, seguir a rajatabla esos requisitos demoraría en exceso los trámites y, además, en este caso de trata de un "simple proceso participativo" para saber la opinión de los ciudadanos cangueses sobre un "asunto básico", explican los ediles Tomás Hermelo y Ánxela Vizoso, de ASpUN. Un trámite que puede ser "alegal, porque non está regulado, pero non ilegal", precisamente porque no se incumpliría ninguna ley. Además, la opinión de los ciudadanos expresada en las urnas necesitaría del refrendo plenario para aplicarse, por lo que no entienden ni comparten el recurso presentado por la Abogacía del Estado ni el mandato judicial que obliga a suspender todo el procedimiento a solo dos días de la cita con las urnas. No obstante, el gobierno municipal la acatará para no incurrir en desacato.

El auto judicial, en su parte dispositiva, "accede a la medida cautelar urgente e inaudita solicitada por la Abogacía del Estado, consistente en la suspensión de las actuaciones relativas a celebración de proceso participativo convocado por el Concello de Cangas" a celebrar este domingo, día 27. Además, se requiere al Concello para que "se abstenga de realizar las actuaciones programadas para esa fecha, paralizando los trámites del proceso de que se trata" y se convoca a las partes a una comparecencia el próximo martes, día 29, "a fin de que puedan efectuar alegaciones y pueda dictarse auto en el que se acuerde sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada", señala la magistrada-juez Mónica Sánchez Romero.