Con los votos del grupo de gobierno (PP) el pleno municipal de Marín rechazó una moción presentada por el grupo socialista en la que proponía que el Concello pueda catalogar como construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas, de cara a establecer una tasa por utilización del dominio público. Supondría cobrar a las empresas suministradoras por este uso del dominio público, "repercutiendo en un aumento de ingresos para el Concello y por tanto para los marinenses", como expuso el grupo socialista.

El gobierno municipal rechazó la propuesta argumentando, en primer lugar, que salvo en el caso del agua, "que es un servicio municipalizado y no podemos exigirnos la tasa a nosotros mismos", el resto de suministros, sí serían susceptibles de regularlos en una ordenanza. Además, "vistos los informes tanto del responsable de Tesorería del Concello, como el informe complementario de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es cierto que vistas las diferentes sentencias, es posible intentar elaborar una tasa que regule ese aprovechamiento".

Sin embargo -sigue el gobierno municipal- "el problema de todo esto es que en los informes se aconseja elaborar esa ordenanza si previamente tenemos claro que al realizar un informe técnico-económico y la posterior defensa jurídica de esta ordenanza, que probablemente va a ser impugnada, ésta no va a ser antieconómica con los rendimientos que se le puedan obtener con la aplicación de dicha ordenanza".

Así, explica el concejal de Economía, Manuel Santos, en este asunto se darían varios problemas. Para evaluar si el rendimiento de la ordenanza va a ser antieconómico, habría que elaborar un estudio técnico económico, y ese estudio no es viable realizarlo por los servicios municipales, dada su complejidad y por carga de trabajo. Por lo tanto habría que externalizar la contratación de esos trabajos. A mayores -sigue Manuel Santos- "tenemos que realizar también un trabajo previo, como serían tareas de inventario de los suelos, subsuelos y vuelos que dentro del dominio público local, resulten efectivamente aprovechados por las compañías transportistas, para después realizar una valoración previa a la posterior ocupación". Según se dice en estos informes, para determinar la base imponible de la tasa a imponer, es imprescindible conocer los metros lineales o la superficie que objeto de las correspondientes licencias. "Por lo tanto, para saber si esta ordenanza va a ser rentable o no, ya tenemos que hacer un trabajo previo costoso, no solo económico sino también muy complejo, y no sabremos sí va a ser antieconómico o no", expone Santos. El edil asegura que no llega al 1% de los concellos de Galicia que elaboraron esta tasa, lo que da idea de lo complejo que supone regularla.

A mayores, "no se le pueden repercutir esta tasa a las grandes empresas suministradoras si se le está cobrando ya la tasa del 1,5, como es nuestro caso. Por lo tanto no se le podría repercutir esta tasa a las grandes empresas eléctricas, de gas o de telecomunicaciones que ya le cobramos otra tasa". Así, el gobierno local de Marín prefiere a que lo hagan antes otros municipios.