Cuando está a punto de cumplirse tres años de la gran intervención de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que desmanteló todo un asentamiento ilegal de la costa de Punta Alada (18 edificaciones o caravanas) el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, acusa de inacción a la nueva administración de la Consellería de Medio Ambiente que dirige Beatriz Mato, que mantiene un total oscurantismo sobre sus actuación en la costa de Cangas, de la que no informa en absoluto al gobierno municipal.

El alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) exige a la Consellería de Política Territorial y Medio Ambiente información detallada de cada uno de los casos. Recuerda que no son expedientes cualesquiera, sino de gran relevancia para el municipio porque afecta al chabolismo en la costa. "Non sabemos nada, non temos datos, ni do que fixeron nin do que van a facer. Coñecemos que a situación na costa no cambiou moito porque nos informan os nosos inspectores de obras. Por iso podemos falar de inacción e de que o chabolismo avanza". Asegura el regidor cangués que hay zonas concretas en las que se debería actuar de forma generalizada.

Pero de esta pasividad no solo habla el alcalde de Cangas, sino también en propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que en 2010 ya lo hacía, cuando se pronunció a favor de que el Concello cortara la luz y el agua a las caravanas ilegales, en contra del criterio del juzgado de lo contencioso de Pontevedra. El TSXG entiende que aunque "la administración autónoma incurra en una sorprendente pasividad e inobservancia de sus obligaciones en la materia, sería ciertamente inaceptable que por el Ayuntamiento se tolerara la continuidad de una actividad... ilegal sobre Suelo Rústico en el que no está prevista la prescripción en cuanto a la restauración de la legalidad urbanística".

El alcalde quiere luz y taquígrafos por parte de la Consellería de Medio Ambiente, que asumió en 1998 las competencias, tras la campaña iniciada por el Concello de Cangas encaminada a luchar contra las infracciones en la costa. Asegura que hay expedientes de muchos años y de muchos folios de los que lo único que se sabe es que siguen ahí los asentamientos ilegales. Tampoco cree que los procesos judiciales abiertos por parte de los denunciantes sean solo los culpables de que la situación permanezca como está. Pazos dice que si la Xunta de Galicia no puede que devuelvan las competencias al Concello, pero que no se puede estar igual o peor (crecen los asentamientos ilegales) que en 1998. Añade que no se trata de una cuestión de dinero, porque es el propietario el que debe pagar el desmantelamiento.