Como era previsible, la UTE Gestión Cangas, concesionaria del ciclo integral del agua en el municipio, acudió a la vía judicial para reclamar el millón de euros que dice que el Concello le adeuda en concepto de indemnización por el incumplimiento unilateral del contrato. Con anterioridad acudió a la vía administrativa para que el municipio le pagara el millón de euros. El millón de euros lo reclama la UTE Gestión Cangas desde que el Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG) acordara anular las tarifas del agua que el Concello cobró en el año 2015 con precios de 2014. En su momento, el alcalde anunció que no iba a recurrir la citada sentencia del alto tribunal, pero que el gobierno local estaba dispuesto a luchar para no pagar el millón que reclama la UTE en concepto de indemnización.
El Juzgado de los Contencioso-Administrativo Número 2 de Pontevedra fijó para el próximo día 17 de abril, a las 11.30 horas ,en la sala de vistas la práctica de las pruebas testificales y periciales. Acudirán como testigos del Concello el arquitecto municipal Alfonso Lage, la técnica de Obras municipal, Carmen Gómez Candela y Luis Tievo Soliño, trabajador del departamento de Tesorería del Concello de Cangas.
La reclamación de este millón de euros nunca gustó al gobierno municipal, que consideraba que enturbiaba todavía más la relación entre el Concello y la UTE. Esto fue dicho hace prácticamente un año y, ahora que se confirma la insistencia de la empresa en recurrir a la vía judicial, el tripartito lo considera un ataque. No hay que olvidar que el Concello había decidido recurrir la sentencia que anulaba las tarifas del agua que se pasaron en 2015, pero para nunca estuvo conforme en considerar que un millón de euros era la cifra que tenía que pagar a la UTE que no cumple con sus obligaciones de inversión.
La concesionaria del agua también recurrió los precios en vigor que fueron fruto de un acuerdo entre las partes: Concello-UTE Gestión Cangas y que se empezaron a aplicar en 2016. No se entiende que, por un lado se llegue a un acuerdo en las tarifas, y por otro se denuncien los mismos.
El concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE), que fue quien propició el inicio del expediente de rescisión de contrato, se mostraba ayer optimista respecto a este nuevo contencioso que se avecina. Está convencido de que la UTE apunta la cifra de un millón de euros de indemnización sin ningún tipo de criterio técnico, como se podrá demostrar en la prueba judicial.
Precisamente este contencioso llega cuando más tensión existe entre la empresa concesionaria del agua en Cangas y el gobierno municipal, cuando hay una fuerte apuesta entre miembros representativos del tripartito por dirigirse hacía la municipalización del servicio.
