La primera reunión entre la patronal de las ambulancias, Xunta de Galicia y los sindicatos, bajo la mediación de Inspección de Trabajo, solo ha servido para ratificar que las partes mantienen posturas radicalmente opuestas. Una situación que augura un conflicto ante las evidentes dificultades para alcanzar un acuerdo. La empresa Ambuibérica, que es una de las más importantes del sector y que opera en el área de Vigo y Pontevedra, se mantiene firme en su intención de inaplicar el convenio colectivo con la plantilla. Esto es, dejarlo sin efecto. La excusa que esgrime es que afronta pérdidas de hasta 10.000 euros diarios debido a que el dinero que recibe de la administración es insuficiente para cubrir el coste del servicio, según explican fuentes sindicales presentes en las reuniones de ayer.

La Xunta y los sindicatos rechazan frontalmente esa versión y sostienen que la empresa se adjudicó con los contratos de las áreas sanitarias de Vigo y Pontevedra ofreciendo una importante rebaja sobre el tipo de licitación. "Ahora se encuentran con que el dinero no les da debido a sus ofertas con bajas temerarias. Como la administración se niega a darles más quieren utilizar a los trabajadores para presionar a la Xunta y por eso pretenden dejar sin efecto los convenios colectivos", explican delegados sindicales. La posición de los sindicatos presentes -CIG, UGT y CC OO- es unánime y rechazan de manera contundente que los trabajadores tengan que sufrir recortes en sus salarios y sus derechos. La empresa no puede aplicar de momento esa suspensión y los sindicatos anunciaron su intención de acudir a la vía judicial si en algún momento se avala esa posibilidad.

Ayer se celebraron dos reuniones de mediación en el Consello Galego de Relacións Laborais: una por el área sanitaria de Pontevedra, donde Ambuibérica opera asociada junto a Ambulancias Pontevedra, y otra por el área de Vigo, en la que Ambuibérica tiene el contrato en solitario. Esto afecta directamente a la comarca de O Morrazo, puesto que Bueu se integra en la demarcación de Pontevedra y Cangas y Moaña en la de Vigo. Ahora el mediador, que es el inspector de Trabajo José María Casas de Ron, debe estudiar los argumentos de todas las partes y la legislación para emitir un laudo que es vinculante. Todas las partes se mostraron de acuerdo en volver a reunirse si el mediador, antes de dictar el veredicto, encuentra posibles puntos de acuerdo. Sin embargo, a tenor de lo que sucedió ayer esto parece poco menos que imposible.

La situación incluso se ha tensado más en los últimos días después de que la empresa haya expedientado a 30 trabajadores del área de Vigo. Son expedientes disciplinarios supuestamente por no cumplir con los tiempos de movilización: los técnicos en transporte sanitario tienen tres minutos para llegar a la ambulancia desde que reciben el aviso. "A veces tardas unos segundos más debido a problemas técnicos o de cobertura. Normalmente a final de mes se informa a la plantilla, pero simplemente a nivel orientativo y para intentar mejorar. Pero ahora la empresa utiliza este asunto para intentar presionar", denuncian los sindicatos. A mayores, en la reunión de ayer quedó al descubierto la intención de la empresa de presentar una modificación sustancial en las condiciones de trabajo, según denuncian las mismas centrales sindicales.