Los afectados por la subasta de los supuestos bienes de Promalar que fueron adquiridos en su momento por el Banco Popular (hoy en manos del Banco Santander) acordaron ayer renunciar a la vía judicial y esperar a que sea la propia entidad financiera la que mueva ficha, ante la certeza de contar con toda la documentación necesaria para justificar la titularidad de sus parcelas. La asamblea celebrada ayer en la Casa do Pobo de Beluso -con la asistencia de unas 35 personas- sirvió para que el abogado contratado por el grupo de afectados explicase las diferentes opciones que les quedan después de que su intento de negociar con el banco quedase en agua de borrajas. Y es que el requerimiento enviado para mantener una reunión y explicarle el caso a los responsables del citado banco no ha recibido respuesta, algo que ha molestado de forma bastante notoria a los afectados. "Nos están tratando con prepotencia, que es lo que realmente nos molesta, porque ni siquiera se han dignado en contestarnos a nuestra petición", afirman.
La decisión de plantear un pleito para que se les reconozcan sus derechos ante el banco se deja de lado toda vez que implicaría asumir la responsabilidad de demostrar que las fincas afectadas pertenecen a estos particulares y no al banco. "Nosotros no hemos de demostrar nada, porque tenemos documentos que acreditan la propiedad y todo el área perfectamente delimitada, levantada por un topógrafo. Ellos no tienen nada", aseguran. Por ello esperarán a que sea el banco el que intente tomar posesión de los terrenos.
Reconocimiento
Una de las armas con las que cuentan los afectados -que son un centenar, si bien el colectivo que está defendiendo sus derechos reúne a la mitad de ellos- es un documento firmado por los responsables del Banco Popular en el que se reconoce que las propiedades de los vecinos no entran dentro del lote adquirido en subasta por la entidad. "Eso nos tranquiliza bastante", señalan. Los afectados cuentan asimismo a su favor con la figura jurídica de la usucapión, es decir, la ocupación pacífica durante un tiempo determinado -entre 20 y 30 años-, que le daría derecho de propiedad. "Aquí hay afectados que tienen documentación de 1938, y es así en la mayoría de los casos. También hay gente que compró las fincas a personas que llevaban con ellas cientos de años", sentencian.
El conflicto surgió en 2015, cuando dentro del proceso de liquidación de Promalar se procedió a la subasta de algunas de sus propiedades. Es en ese momento cuando se detecta que en el lote denominado "Reventóns A", se incluye un centenar de parcelas que la Comunidade de Montes de Beluso y varios particulares consideran propias. A pesar de que varios de los afectados se presentaron con sus escrituras el Juzgado siguió adelante con la subasta. El Banco Popular se hizo con los terrenos y los afectados negociaron con él, consiguiendo un reconocimiento por parte de la inmobiliaria de la entidad. Ese documento, sin embargo, no se plasmó en un acuerdo en los actos de conciliación que se desarrollaron con posterioridad.
