El pleno de marzo en Moaña dio lugar a un debate de actualidad a nivel nacional. Y es que el PP presentó una moción en la que pedía que la Corporación reclamase mantener en el Ordenamiento Jurídico la prisión permanente revisable, regulada en el año 2015. La moción instaba a los grupos del Congreso a reconsiderar su postura sobre la derogación de esta pena. La mayoría del Congreso rechazó la pasada semana un endurecimiento de esta pena y mantiene abierta la puerta para su derogación.
El PP se quedó solo en Moaña en la defensa de una moción que finalmente fue rechazada. Por XM, Javier Carro decidió abstenerse, recordando que sobre el asunto se pronunciará el Tribunal Constitucional. BNG y PSOE votaron en contra. El nacionalista Odilo Barreiro alegó la posición de su grupo en que la prisión permanente revisable implica "unha visión da xustiza que ten que ver máis coa vinganza". Entiende que se trata de una medida inconstitucional al tratarse de una pena "inhumana e degradante".
Para Barreiro este debate se aprovecha del desconocimiento de parte de la sociedad sobre el sistema penal español, pues es frecuente escuchar afirmaciones falsas como que el sistema español es muy blando o que se imponen condenas de baja duración. Aludió a que la práctica totalidad de catedráticos de Derecho, jueces y fiscales se oponen a esta pena. Desde el BNG aludieron en el pleno a que esta medida no supone una disminución en los delitos ni en su gravedad y alegaron que la mayoría de los presos se rehabilitan una vez cumplida su condena.
Por el PSOE, Marta Freire, criticó el uso político que algunos partidos "están facendo das víctimas". Entiende que cuestiones tan sensibles deben estar fuera del debate público. Freire defendió que su grupo no apoyase esta medida "porque nós defendemos o cumprimento íntegro das penas e o endurecemento dos permisos penitenciarios e do terceiro grado para delitos de extrema gravidade".
Pensiones
En donde sí hubo unanimidad fue en la moción del PSOE en apoyo a las movilizaciones en favor de las pensiones públicas y contra la precarización y pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. El acuerdo insta al Gobierno central a actualizar las pensiones según el IPC y a introducir el derecho a las mismas en la Constitución.
Intervino el un representante de Modepen en Moaña, Manuel Pastoriza. Los ediles del PP apoyaron la moción, aunque atribuyeron la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas al anterior gobierno socialista en el Estado.
