Cumplir la legislación ambiental, consenso con el sector pesquero y salvaguardar la actividad marisquera en la ría de Pontevedra. Estos son los tres criterios imprescindibles para afrontar el controvertido proyecto de dargado del río Lérez. Así lo expuso ayer la conselleira de Mar, Rosa Quintana, durante una intervención en el Parlamento para contestar a una pregunta de la oposición. Las diferencias entre los pósitos de la ría de Pontevedra son más que notables ya que desde Bueu y Portonovo se oponen frontalmente a la posibilidad de que se depositen más 200.000 metros cúbicos de lodos en el entorno de la isla de Tambo. En esta zona hay bancos de navaja, almeja y vieira, que podrían verse seriamente dañados por estos depósitos.
La responsable de la Consellería de Mar aseguró durante su intervención parlamentaria que la disposición autonómica es la de "ter listo o proxecto canto antes e poder licitalo de inmediato", aunque siempre bajo la "premisa básica do consenso". Rosa Quintana asegura que desde la Xunta se trabaja para intentar "solventar os puntos de discrepancia" entre las distintas cofradías que faenan en la ría de Pontevedra. Hasta la fecha hubo varios encuentros, con la presencia de técnicos para explicar el proyecto, pero sin que se hayan producido avances.
El proceso para la contratación y ejecución del dragado de la desembocadura del río Lérez ha experimentado varios cambios a lo largo de los últimos años. Hace ahora justamente cuatro años, en abril de 2014, fue necesario reorientar la actuación cuando ya había un estudio de impacto ambiental redactado. En esa fecha hubo que incluir cambios normativos y peticiones del propio sector. "Todo isto implica novidades profundas na tramitación, obrigando, entre outras cuestións, a novas contratacións para un novo estudo de impacto ambiental", explicó ayer Rosa Quintana.
El proyecto contempla actuar sobre una superficie de más de 140.000 metros cuadrados, que se extienden a lo largo de cuatro kilómetros de longitud y con dragados que llegan a cotas de entre -2 y -7 metros. "Trátase dunha das actuacións de dragaxe máis complexa do conxunto do sistema portuario autonómico, tanto técnica como economicamente", argumentaba ayer Rosa Quintana para recalcar la envergadura de los trabajos y la compleja tramitación administrativa que conlleva.
La inversión que se prevé asciende a 2,5 millones de euros y se calcula que el dragado supondrá retirar alrededor de 221.000 metros cúbicos de lodos del fondo del río. La gestión de esos materiales es precisamente el punto de fricción que mantiene paralizado el proyecto. Cofradías como la de Bueu y Portonovo no se oponen al dragado, pero sí a que esos lodos se depositen en los alrededores de la isla de Tambo. Argumentan que esos sedimentos podrían provocar graves daños en el ecosistema de la ría y por ello reclaman que se habilite otro punto de vertido, fuera de la propia ría de Pontevedra.
El problema para la administración es que eso supondría rehacer el proyecto y el estudio de impacto ambiental, con la consiguiente demora en los plazos para el inicio y ejecución de las obras.
