La empresa Ferrovial Servicios, que ganó el concurso de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación de Cangas, aseguró ayer de forma contundente que su oferta cumple escrupulosamente con los pliegos del concurso e incluye la sustitución de un mayor número de luminarias de las que demanda el pliego. Afirma también que durante la puesta en marcha del proyecto, cumplirá exactamente los pliegos y se llevarán a cabo todas las actuaciones previstas, siempre en coordinación con la dirección de obra. Ferrovial Servicios descarta cualquier tipo de incumplimientos en su oferta con respecto a lo recogido en los pliegos y lamenta las acusaciones vertidas de forma anónima.

Informe no oficial

De esta manera, Ferrovial sale al paso de un informe no oficial, que manejan empresas que optaron al concurso, y que cuestiona la adjudicación realizada por el Concello de Cangas. En él se mantiene que la firma ganadora no sustituiría todas las luminarias objeto del concurso. La cifra de 241 luminarias que quedan sin cambiar sale de restar la oferta técnica de la propuesta de inversión, donde aparecen 5.086 luminarias y la de la oferta técnica relacionada con el inventario, 6.062. Estos datos figuran en el citado informe que el gobierno local confiesan que no lo conocía.

La polémica puso al descubierto que una de las empresas que quedó fuera del concurso presentó un recurso y que otra, Imesapi S.A. anunció que lo presentaría. Los recursos serán resueltos por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y con sede en Madrid. El día 22 de febrero termina el plazo para presentar recursos.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, (ACE) afirma que la valoración de las ofertas fue llevada a cabo por técnicos independientes, como son los de la Diputación Provincial de Pontevedra y una entidad privada, coincidiendo ambos en señalar como la mejor oferta la presentada por Ferrovial. Asegura que es consciente de que se trata de un contrato jugoso y que estos recursos forman parte de una guerra entre las empresas, que sólo espera que no retrasen la entrada el servicio del mismo.

Por su parte, Mercedes Giráldez insistió mucho en señalar que el gobierno municipal no conocía para nada el citado informe no oficial, al que resta importancia, y considera, igual que el alcalde, que el proceso de valoración fue muy escrupuloso y que ahora debe ser el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales quien resuelva los recursos que presenten las empresas, que están en todo su derecho.