El Gobierno Central tenía el compromiso de que en este mes de enero ya se publicaría el Real Decreto para la reducción de la edad de jubilación de los policías locales que, por otra parte, dejará a los concellos en una situación complicada con unas plantillas mermadas en cuanto a número de agentes, ya que muchos de ellos son veteranos que, o bien ya llevan 35 años de servicio o están muy cerca. El borrador del nuevo decreto, que ya se sometió a información pública en junio, establece la edad de jubilación en 60 años mediante coeficientes reductores bajo el amparo de la Ley General de la Seguridad Social que permite rebajar, por real decreto a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalibre.
En el caso de Moaña, la entrada en vigor de este decreto supondría la jubilación inmediata de 4 policías y otros 3 más a lo largo de este año 2018. Generaría la pérdida de siete policías en una plantilla de 19, con lo cual sería imposible hacer frente a todos los turnos. En estos momentos, hay noches en los que la actual plantilla ya no llega para cubrir el servicio y la situación empeorará con la aplicación del decreto.
En el caso de Cangas, la entrada en vigor supondría la pérdida de 4 policías ya de forma inmediata -tres en el turno de día y uno en el de noche- y en cuatro o cinco años se irá toda la plantilla, asegura el inspector-jefe, Alberto Agulla. En su caso, él ya tiene 33 años de servicio. En el Concello saben que tienen ue cubrir 6-7 plazas.
En estos momentos, el Real Decreto está pendiente del informe preceptivo del Consejo del Estado para que pueda tratarse en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que se celebra de forma previa al Consejo de Ministros. En marzo de 2017 salió a consulta pública previa el borrador de este real decreto, que recibió 28 alegaciones; en mayo se envió el primer borrador a los distintos organismos que emitieron 9 informes y a primeros de julio se sacó a información pública, con un saldo de 33 alegaciones, que han sido incorporadas a un tercer borrador.
Los policias, que llevan luchando a través de los sindicatos desde hace once años por esta reducción de la jubilación, temen que la entrada en vigor del decreto se demore en los despachos, a la espera de los informes previos. Lo cierto es que los Presupuestos Generales del Estado todavía están sin aprobar y esto también está marcando un retraso en todas las tramitaciones.
El gran apoyo a la reducción de la edad de jubilación en la Policía Local se lo había dado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), bajo la presidencia de Abel Caballero. En 2016 recordaba que la jubilación anticipada "es una demanda histórica que vienen reivindicando 70.000 policías, y requiere, tras nuestra luz verde, una norma que debe elaborar cuanto antes el Gobierno para que entre en vigor inmediatamente".
El 13 de diciembre de 2016, Abel Caballero y el equipo técnico de la FEMP, se reunían en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el secreario de Estado y Empleo, Tomás Burgos; de la Seguridad Social, Juan Pablo Riesgo; y el subdirector de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, para definir las pautas para la elaboración del real decreto. En esa reunión el ministerio confirmó que el colectivo policial cumplía con los requisitos para acceder a la jubilación anticipada que requerirá un esfuerzo económico de los propios gobiernos locales que pagarán un 8,6% por encima de las cotizaciones actuales y de los propios efectivos, con un 1,4% más.Hace algo más de aun año, desde la FEMP se anunciaba que la jubilación anticipada sólo estaba pendiente del desarrollo del Real Decreto y se que se había dado "un paso de justicia, históricamente imprescindible".
