Todos los datos de la rehabilitación de La Panificadora podrán consultarse a golpe de clic. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ha decidido someter a consulta pública la modificación puntual del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Vello vigués -necesaria para acometer la recuperación de este ámbito-, antes de emitir el informe de evaluación ambiental estratégica simplificada. El plan parcial se fija un plazo de cinco años para completar la rehabilitación de La Panificadora, que tendrá un coste aproximado de 20 millones de euros, como adelantó este periódico.
La dirección Xeral de Calidad Ambiental y Cambio Climático mantendrá la exposición pública en sede electrónica durante un periodo de dos meses, con el objetivo de favorecer la transparencia de la tramitación y la participación ciudadana -se recogerán alegaciones al proyecto-. El informe ambiental estratégico que se formule tras el periodo de consultas se publicará en el Diario Oficial de Galicia.
La modificación del Pepri corrige ligeramente las dimensiones del ámbito de La Panificadora hasta fijarlo en 10.683 m2 y la ordenación interna "se modifica de manera radical", se explica en el documento, cuyo objetivo es "coser" diferentes tejidos urbanos y crear una nueva fachada hacia el ayuntamiento. Incluye cuatro parcelas particulares en la calle Santiago que el gobierno local tendrá que incorporar mediante expropiación forzosa o negociación con los propietarios, al igual que sucede con el resto de la superficie del ámbito en manos de Promociones Montelouro SA.
El proyecto de rehabilitación prevé rediseñar las aceras de Falperra y Cachamuiña para ensancharlas, eliminando en ambos viales la tira de aparcamiento y la parada de taxis próxima al Paseo de Alfonso. "Lo que hace la propuesta de ordenación es respetar y resaltar lo existente, eliminando elementos sobrantes que pueden enturbiar la lectura clara de la volumetría, además de conservar y potenciar la forma icónica de La Panificadora". Así consta en la propuesta de los arquitectos, que fija el desarrollo de todo el ámbito en un plazo de cinco anualidades.
El coste total de la inversión se eleva a 20.001.938 de euros, 3.830.031 de euros correspondientes a las expropiaciones, otros 871.907 euros a la urbanización de espacios públicos y, el grueso, 15.300.000 de euros, a la construcción de nuevos equipamientos públicos. A la espera de que se sume la participación de algún operador privado para gestionar espacios en concesión, el Concello asumiría el 39,27% de los costes de toda la operación y Zona Franca un 60,73% que se traducen en 12 millones de aquí al año 2022, mientras que el gobierno local aportaría alrededor de ocho millones. Entre ambas administraciones tienen consignado para el próximo ejercicio 6,5 millones que permitirían abordar la adquisición de suelo mientras se resuelve la tramitación urbanística del complejo.
