05 de diciembre de 2017
05.12.2017
Conflicto urbanístico en Cangas

La juez suspende la declaración del gobierno, investigado por un delito de prevaricación

-La instructora mantiene la fecha del 27 de diciembre para escuchar a la empresa que presentó la querella -El letrado del Concello presentó un recurso de reforma contra el auto de admisión de la demanda

05.12.2017 | 05:30
Parcela sita en Vilariño donde se pretende construir. // Gonzalo Núñez

La titular del Juzgado Número 1 de Instrucción de Cangas, Sonia Platas, dictó una providencia por la que suspende la declaración de los concejales del gobierno de Cangas, investigados por presunta prevaricación por la no concesión de una licencia en la calle David Cal, en Vilariño (O Hío). Estaba previsto que el alcalde Xosé Manuel Pazos y todos los miembros de la junta de gobierno, incluida la ex edil Eva Rodríguez Calvar (Asemblea Pola Unidade) prestasen declaración ante la juez el próximo día 27 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en intervalos de 10 minutos.

No obstante, la juez Sonia Platas mantiene la fecha del 27 de diciembre para la declaración de la parte querellante, la empresa Promociones Playa Lanzada 2012 S.L. Hay que recordar que el regidor local Xosé Manuel Pazos (ACE) y los concejales Mariano Abalo (ACE), Andrés García Bastón (ACE), Tania Castro (ACE), Mercedes Giráldez (BNG), Xoán Carlos Chillón (BNG), Héitor Mera (BNG), María Lourdes Rial (BNG), Ánxela Vizoso (ASpUN), Tomás Hermelo (ASpUN) y la ex edil Eva Rodríguez Calvar (ASpUN) fueron llamados a declarar en condición de investigados.

Todo apunta a que la instructora quiere conocer con más detalle el expediente administrativo que llevó a la empresa a denunciar por prevaricación al gobierno municipal de Cangas con el fin de determinar si la jurisdicción es la adecuada.

"Poder bastante"

Por su parte, el letrado del Concello de Cangas, José Ramón Vázquez Cueto, se personó la semana pasada en nombre de los querellados, a excepción de la ex concejala de ASpUN, Eva Rodríguez Calvar, porque no forma parte de la actual junta de gobierno local y aprovechó para presentar un recurso de reforma contra el auto de la admisión de la querella. El letrado considera que no se dan las condiciones necesarias que indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la admisión de la querella, "porque el 'poder' no era bastante". Este recurso se resolverá independientemente de la decisión que tome la juez instructora después de escuchar a la parte demandante.

La promotora en su denuncia afirma que es cierto que todavía no se ha rechazado la concesión de la licencia, pero que el daño y el perjuicio que se está causando es mayor cuando "tan groseramente se incumple e ordenamiento jurídico". La promotora hace mención a se incumplió el plazo de tres meses para resolver sobre la solicitud, violando el principio de confianza legítima de la Administración y "discriminando a nuestra patrocinada respecto a otros ciudadanos que obtuvieron licencia en terrenos bajo la misma regulación que el objeto de procedimiento de licencia del que dimana la querella." Se recuerdan que transcurrieron más de dos años desde el inicio del expediente.

El abogado de la promotora pide en su querella que fije una fianza de 5.000 euros para cada uno de los investigados, decretándose en el mismo auto el embargo que bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades.

Además, la querella contra el gobierno de Cangas hace mención a que hasta en cinco ocasiones ha sido tratado el expediente en la junta de gobierno.

Durante dos años, la solicitud de licencia, cada vez que llegaba a la junta de gobierno, se pedía un informe nuevo. La última vez se solicitó uno de Costas. En estos momentos la petición se encuentra paralizada porque la junta de gobierno, a petición de ASpUN así lo solicitó hasta que el informe de antigüedad sobre el polémico hórreo que hay en la parcela, fuese realizado por otro arquitecto que no fuese uno que representaba a la empresa promotora.

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