La petición del convenio de Promalar por parte de la Audiencia Nacional ante la investigación de un delito de blaqueo de capitales y delito societario abre un nuevo enfrentamiento entre el actual alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), y su antecesor en el cargo, José Enrique Sotelo (PP). El regidor cangués no duda en emplazar al ahora líder de la oposición municipal a que ofrezca explicaciones, ya que fue él quien firmó el convenio urbanístico en el año 2015. "Moito pedir explicacións aos demáis e él marchouse sen dar ningunha. Emprazo a que o faga". Xosé Manuel Pazos recuerda que José Enrique Sotelo es aún un político en activo, líder de la oposición y hasta hace poco diputado provincial y por lo tanto puede y debe responder de las decisiones que adoptó cuando era alcalde.

Comenta el regidor local que el convenio urbanístico con Promalar es algo que solo incumbe al gobierno local que en 2005 apoyó la firma del convenio. También añade que es casualidad, o no, que la Audiencia Nacional investigue los dos grandes convenios firmados en su día por José Enrique Sotelo, el de Promalar, en Aldán, para construir alrededor de 4.000 viviendas y el de Massó, para desarrollar urbanísticamente la zona con un hotel y un puerto deportivo.

Xosé Manuel Pazos asegura que ahora mismo la situación del convenio de Promalar es confusa. Recuerda que es una empresa en proceso concursal, que parte de los terrenos donde se iba a construir son reclamados como montes comunales y otros sevendieron. Pazos afirma que el Concello no tiene interésalguno en mantener el convenio urbanístico en las condiciones que se firmó.

Por su parte, José Enrique Sotelo asegura que lo único que pretenden algunos -en alusión a Pazos- es desviar la atención sobre "la dudosa gestión de su gobierno local, bajo sospecha permanente". Aclara que en 2005, él firmó 6 o 7 convenios urbanísticos, entre los que estaba el de Promalar, porque entendía que era bueno y generaría trabajo, "pero fue con luz y taquígrafo y además en el Concello porque el grupo de Pazos, antes y ahora, los negocia en la tabernas". Por eso cree que debe de ser Pazos quien también explique por qué se pagó una reclamació.

Insiste Pazos en que este gobierno local no le puede dar lecciones de honestidad y de trabajo y se pregunta qué culpa tiene el Concello de Cangas de que la Audiencia investigue a una empresa por presuntas irregularidades en relaicón al desvío de dinero. Insiste en que el convenio cumplía con la ley y que otr acuestión es que se haya utilizado por la empresa para conseguir financiación.