Además de la querella penal, la promotora inmobiliaria también reclama la responsabilidad civil. Recuerda que abonó en tributos correspondientes la cantidad de 15.000 euros hace un año y medio. "Por ello, al mismo tiempo que ejercitamos la acción penal, reclamamos la responsabilidad ciil dimane del delito, su valoración realizaremos últeriormente según el tiempo que transcurra hasta la aprobación de la licencia, en la medida en que se vea frustrada la oportunidad de negocio actual o nuestra patrocinada deba seguir haciendo frente a gastos y perjuicios derivados de la espera para iniciar las obras. A mayores, aún habría que mencionar los graves perjuicios que por incumplimientos contractuales se exigirán sin duda a la querellante, ya que de habérsele concedido la licencia a la que sin duda tiene derecho, hubiese cumplido en plazo y modo los compromisos adquiridos a terceros".
La promotora pide que se tome declaración al representante legal de la querellante y en calidad de testigo a la secretaria del Concello de Cangas, a la Jefa de Urbanismo del Concello de Cangas y al arquitecto municipal, Alfonso Lage Pérez, autor de los informes.
Es la primera vez que un gobierno municipal de Cangas está denunciado por un presunto delito de prevaricación, de ahí la importancia de este proceso judicial, que solo acaba de empezar.
