El Juzgado de Instrucción Número 1 de Cangas abrió diligencias previas contra los miembros de la junta de gobierno de ese municipio, integrada por el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE), Mariano Abalo (ACE), Andrés García Bastón (ACE), Tania Castro (ACE), Mercedes Giráldez (BNG), Xoán Carlos Chillón (BNG), Héitor Mera (BNG), María Lourdes Rial (BNG), Ánxela Vizoso (ASpUN), Tomás Hermelo (ASpUN) y Eva Rodríguez Calvar (ASpUN), por un presunto delito de prevaricación. Eva Rodríguez Calvar aparece en la relación de concejales que tienen que comparecer ante la juez a pesar de haber abandonado ya la política,pero su nombre aparece ligado a la junta de gobierno en la que se rechazó la concesión de la licencia municipal para construir un edificio en la rúa David Cal, en Vilariño, parroquia de O Hío. La citada solicitud de licencia cuenta con las autorizaciones del Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, con la autorización de Aguas de Galicia, de la UTE Gestión-Cangas, y del informe de la Consellería de Cultura. También contaba la solicitud de licencia con todos informes favorables de los técnicos municipales.

En la junta de gobierno del día 25 de septiembre de 2017, el grupo municipal de Asemblea pola Unidade (ASpUN) , cuando se proponía resolver favorablemente el expediente de la citada licencia, presentó alegaciones. Alega que el informe de antigüedad del hórreo fue elaborado por una persona que actúa en nombre de la empresa que solicita la licencia. También señala que la Xefatura Territorial da Consellería de Cultura pone de manifiesto que no es el técnico municipal quien elabora el citado informe y devuelve el expediente para que sea éste quien indique se el hórreo está afectado o no por el artículo 92. ASpUN entiende que el informe sobre la antigüedad del hórreo debe realizarlo el departamento de Urbanismo del Concello de Cangas, "podendo basearse en informes ou estudos de terceiras persoas, que non estén vinculados a empresa solicitante da licenza da obra". Por eso, en la citada comisión, ASpUN solicitó la paralización de la tramitación de la licencia municipal, que se anule el informe del arquitecto municipal que acredita la antigüedade del hórreo y la elaboración de un nuevo informe sobre la antigüedad del hórreo en el que se recoja el nivel necesario de protección. También hace referencia este grupo político a la alegación presentada por la Asociación de Veciños Pedra Amarrada, que asegura que las Normas Subsidiarias de Planeamiento dicen una cosa diferente de la que mantiene el arquitecto municipal. "Sendo coñecedores das consecuencias que suporía a construcción de un edificio neste entorno tan sensible, único espazo aberto que resta na Rúa David Cal; tratándose ademáis dun espazo de gran importancia paisaxística e patrimonial, e sendo hoxe en día lugar de encontro singular dos veciños, lugar de disfrute colectivo, solicitamos unha revisión do planeamiento vixente nese ámbito".

La junta de gobierno de ese día acordó estudiar las propuestas recogidas en el escrito presentado por ASpUN y dejar el expediente sobre la mesa a los efectos de determinar la necesidad de que se incorpore al mismo el informe del Servicio Provincial de Costas.

La última acta pública es del 6 de noviembre y este polémico asunto no figura en ella.