El expediente para iniciar la rescisión del contrato del ciclo integral del agua de Cangas está suspendido por el propio Concello de Cangas. El motivo no es otro que tramitar todo este proceso con las máximas garantías de que salga adelante. Y es que la actual empresa concesionaria del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas, consideró que no había sido notificada por el Concello de Cangas del acuerdo plenario del mes de septiembre por el que el gobierno municipal decidió iniciar todo este complejo expediente.
El Concello de Cangas concedió a la empresa cinco días de plazo para que pudiera validar las alegaciones presentadas por la empresa, modificarlas o presentar otras. La decisión fue adoptada por el gobierno local como gesto de buena voluntad ante la concesionaria que había manifestado que no había sido notificada de la apertura del expediente en la fecha que decía el Concello. Para que no surjan problemas jurídicos posteriores con este aspecto del proceso, el concejal de Facenda, Mariano Abalo, y el resto de sus compañeros de gobierno, a pesar de estar en disconformidad con lo que mantiene la empresa, optó por suspender el inicio del expediente y otorgar esos cinco días de plazo que finalizan el día 10.
El gobierno local no quiere caer en errores que después pudieran resultar muy caros a la hora de la batalla judicial que todo el mundo presupone se va a producir entre el Concello y la UTE Gestión Cangas, que tiene el contrato del ciclo del agua por un periodo de 25 años. Estas dudas jurídicas son las que hacen que las alegaciones ya presentadas por registro municipal la pasada semana no se hagan públicas, aunque teóricamente debían de serlo.
Según distintas fuentes municipales consultadas , la alegaciones se centran en el incumplimiento tarifario por parte del Concello de Cangas, por el que ya ganó un contencioso administrativo y tiene planteado otro al ayuntamiento. Hay que recordar que el Concello cambió las tarifas que figuraban en el pliego de condiciones por el que la UTE Gestión ganó el concurso. Por su parte, el gobierno local hace valer los incumplimientos de la empresa en mantenimiento de la red y en inversiones que a pesar de llevar dos años con la gestión no se llevaron a cabo, como por ejemplo la puesta en marcha del sistema terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).
Tampoco hay que olvidar que antes de que el conflicto llegue a los tribunales tiene que intervenir el Consello Consultivo de Galicia, cuya decisión se supone será fundamental para el desarrollo del proceso, aunque el gobierno local y, concretamente, el concejal de Facenda, Mariano Abalo, está dispuesto a continuar, independientemente de que el Consello Consultivo de Galicia opine de forma diferente a la del gobierno local.
