El Servicio Provincial de Costas está dispusto a impulsar el proyecto para el paseo marítimo de Agrelo-Portomaior y le solicita al Concello de Bueu su colaboración para la gestión y obtención de los terrenos. Una ayuda que el ayuntamiento buenense está dispuesto a ofrecer, siempre y cuando Costas oficialice de alguna manera sus intenciones acerca de esta obra. Este es, a grandes rasgos, el resumen de la reunión que mantuvieron ayer en Pontevedra la jefa provincial, Cristina Paz Curbera, y el regidor buenense, Félix Juncal.
El alcalde garantiza la disposición del Concello a sentarse con los propietarios afectados para negociar las cesiones u otra fórmula. "Pero para facelo e chegar a compromisos necesitamos contar con algún tipo de protocolo ou convenio para poder promover a obtención deses terreos", explica Juncal. El mandatario solicitó a Paz Curbera un compromiso con plazos y presupuestos y así poder convocar a los afectados, con los que ya se mantuvo una reunión en el año 2010 para exponerles el proyecto y sondear su opinión.
El regidor recuerda que ya mantuvo una reunión por este mismo asunto con la jefa de Costas hace ahora dos años, un encuentro en el que el departamento estatal se comprometió a realizar la obra por fases y a comenzar en 2016, algo que finalmente no se produjo. El acuerdo de ayer contempla la disposición del Servicio Provincial de Costas de trasladar directamente al Ministerio de Medio Ambiente la petición para retomar el proyecto. "Esperamos que nos próximos meses dende Madrid se dirixan ao Concello con algún documento oficial e por escrito para poder emprender as negociacións cos propietarios en 2018", apunta Félix Juncal.
El proyecto presentado en el año 2010 preveía la necesidad de obtener 14.500 metros cuadrados para poder ampliar el actual vial y conseguir el espacio necesario para una senda peatonal, garantizar el acceso rodado y aparcamientos. Según el mismo proyecto se calculaba que las propiedades afectadas eran unas 60 e incluso se apuntaba un presupuesto destinado a expropiaciones si no se conseguía un acuerdo con los propietarios, que ascendía a 1,1 millones de euros. El importe que se pagaría por el metro cuadrado oscilará entre 18 y 90 euros, en función de la calificación urbanística del terreno.
El otro asunto que trataron ayer las dos partes en Pontevedra es la necesidad de un tratamiento uniforme para el entorno de la carpintería de ribera de Banda do Río, cuyos trabajos están a punto de comenzar. El ejecutivo local quiere que Costas renueve el pavimento y el mobiliario urbano del tramo de su competencia para que sea acorde con la urbanización que se realizará en el frente que da hacia la aveninda Montero Ríos.
