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La Xunta ejecuta diez derribos en la comarca en lo que va de año

La mayoría de las infracciones son por construcciones en el dominio público marítimo terrestre

Caseta y tiendas en dominio público en Cangas. // APLU

La actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) en O Morrazo le ha llevado a ejecutar en lo que va de año un total de diez órdenes de derribo de construcciones o instalaciones ilegales. Es una cifra muy similar a la de 2016, cuando a final del ejercicio se contabilizaban un total de quince demoliciones repartidas entre Cangas, Moaña y Bueu. En este 2017 la gran mayoría de las actuaciones de la APLU se concentran en Cangas, donde se han registrado ocho de las diez órdenes de derribo. Las otras dos se localizaron en Bueu.

La APLU depende de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio y la primera intervención del año fue en el término municipal de Bueu, en concreto en el ámbito de Cabo Udra. En este caso se procedió a la demolición de una construcción que era una reforma y modificación de estructuras ya existentes. En este caso, desde la APLU apuntan que el derribo se ordenó porque la obra se ejecutó en un "suelo no urbanizable de protección de sitios costeros sobresalientes". En el municipio buenense hubo una segunda demolición, esta vez en el mes de junio, que consistió en la retirada de varias casetas prefabricadas. La orden judicial se basaba en que estas construcciones se hallaban en una franja de suelo perteneciente al dominio público marítimo terrestre.

Bueu fue el municipio que durante 2016 acaparó la mayor actividad de la APLU, con un total de siete demoliciones. En este 2017 el relevo lo ha tomado Cangas, que hasta la fecha acumula un total de ocho intervenciones. Las primeras son del mes de febrero, cuando se ejcutó en primer lugar el derribo de dos viviendas prefabricadas y una caseta metálica y luego la retirada de una caravana. En ambos casos la argumentación fue la misma: su presencia en un ámbito clasificado como servidumbre el dominio público marítimo terrestre.

La APLU volvió a actuar dos veces en suelo cangués durante el mes de marzo. En esta ocasión las infracciones urbanísticas se referían a la instalación de un establecimiento expendedor de comidas o chiringuito y a una serie de tiendas de campaña y caravana metálica, todo en servidumbre del dominio público. La siguiente demolición en suelo cangués se produjo en mayo para retirar varias edificaciones y casetas destinadas a un uso residencial y que invadían la franja de servidumbre del dominio público.

La actividad de la agencia de legalidad urbanística no se detuvo durante los meses de verano, donde se contabilizaron al menos otros tres derribos en el término municipal de Cangas. Uno de ellos fue la demolición de una vivienda que a diferencia de la mayoría de casos no se encontraba al lado de la costa, sino en un terreno no urbanizable de protección forestal. La siguiente fue en un ámbito declarado como suelo no urbanizable de protección de espacios naturales y de protección de costas, donde se ubicaba una edificación de planta baja. La última de las intervenciones documentadas hasta la fecha fue la retirada de un colector metálico, caseta metálica y caravana que se encontraban en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre.

Las demoliciones son el punto final a lo que normalmente es un largo proceso admnistrativo y judicial. La administración ofrece la posibilidad a los propietarios de asumir con medios propios la orden de derribo. En el caso de que no lo hagan es la propia APLU quien contrata a una empresa especializada y luego repercute los costes a los afectados.

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