La respuesta de las navieras consultadas es clara:"Si vamos al juzgado, iremos todos porque la Xunta sabía de este problema desde hace seis años y pedíamos solución", aseguran mientras que otra reconoce que la Xunta debió de estar ella antes en Fiscalía por esta situación consentida desde hace años. Navieras consultadas creen que este año estalló el escándalo empujado por el conflicto político entre Vigo y la Xunta por la declaración de las islas como Patrimonio de la Humanidad.

Al menos la naviera Nabia recibió ya tres expedientes de apertura de sanción por la sobreventa los días 3, 5 y 19 de agosto con un exceso de 626, 786 y 382 pasajeros, respectivamente. También Cruceros Rías Baixas recibió otros dos, mientras que Mar de Ons -la naviera con más sobreventa, 5.552 en estos tres días de agosto- se supone que recibió otros tres, si bien ayer se negó a realizar cualquier tipo de declaración. Por su parte, Tour Rías Baixas asegura que por el momento no ha recibido ninguna comunicación aunque su propietario Ramón Cardalda reonoce que en su momento el director del Parque Nacional de las Islas Atlánticas le aseguró "que nos iba a llegar, que estamos todos investigados".

La incoación de los expedientes empezaron a llegar hace dos semanas. La Xunta los argumenta en base a la Ley15/2002 de declaración del Parque Nacional de las Isla Atlánticas, por incumplir las condiciones de la autorización administrativa anual y los cupos de acceso; y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad en donde se tipifican las infracciones y sanciones. Además de leve y grave, la normativa también contempla infracciones muy graves con multas de 200.001 a 2.000.000 euros.

Los expedientes incoados por la Xunta tipifican el caso de la sobreventa en Cíes como grave, con una multa de entre 3.001 y 200.000 euros, al menos en lo que respecta a Nabia. La horquilla de la multa es muy amplia. Tras las alegaciones que ya presentó el abogado de la operadora, la Xunta deberá resolverlas y presentar su propuesta de sanción, que igualmente será recurrible. Por el momento, las navieras guardan bajo secreto sus alegaciones, teniendo en cuenta también que la normativa que aplicó la Xunta este verano ha sido diferente a la del año pasado. Pese a todo, hay quien piensa que el escándalo podría acabar desinflado como ocurrió con los cinco expedientes abiertos, también por sobreventa, el verano pasado, que se zanjaron con 30.000 euros de multa en su conjunto -la máxima sanción fue de 12.000 euros- que además todavía no abonaron las empresas al estar en fase de recurso, pendiente de la respuesta de la Xunta. Puede pasar también que en el caso de que Fiscalía opte por la vía penal, la Xunta tendría que abstenerse de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.