El gobierno local hizo ayer un pleno para el patio de butacas. El día anterior había llamado a sus seguridores para que acudieran a respaldar sus polémicas propuestas de iniciar el expediente de rescisión del contrato del ciclo del agua y contratar la gestión del alumbrado público. Dos propuestas que ideológicamente rozan la esquizofrenia política, pero que el gobierno local supo defender con entusiasmo, algún acierto y un discurso combativo para con el PP, mucho antes, incluso, de que éste pronunciara palabra en la primera sesión en la que se emplea el reglamento que regula las intervenciones.

Pero si el gobierno huía de la esquizofrenia, asegurando que sus propuestas eran coherentes porque perseguían el bien de los vecinos, el PP optó por discursos sosegados, meditados, en una estrategia de que el público no se llevara la impresión de que son los malos malísimos de la corporación. Y así se abstuvo en la apertura del expediente para sacar a concurso la gestión del alumbrado público, por un periodo de 8 años y por un importe de 3.5 millones de euros y se acogió a esa fórmula no matemática creada por Mariano Abalo hace muchos años de no entrar en votación, que por mucho que se empeñen unos y otros para el acta es abstención.

Se repitieron hasta el hartazgo los argumentos esgrimidos a lo largo de 15 días y el pleno de la corporación municipal aprobó con los votos a favor de los miembros del equipo de gobierno (ACE, BNG y ASpUN) iniciar el expediente para la rescisión del contrato del ciclo del agua que tiene con la UTE Gestión Cangas (Aqualia y Civis Global). Dirigiéndose a sus muchos seguidores que estaban entre el público, el portavoz de ACE y concejal de Facenda, Mariano Abalo, empezó su argumento para iniciar la rescisión del contrato con un recordatorio al "leonino" contrato firmado por el anterior gobierno bipartito (PP-Nardo Faro Lagoa). Criticó los 25 años de duración, y comparó el canón de 800.000 euros que tuvo que pagar la empresa con el caramelo que se comió el PP para que después le pudiera aplicar el tarifazo, incluso ligó al canon con corrupciones. Mientras Mariano Abalo defendía el derecho del Concello de Cangas a rescindir el contrato, el derecho a no tener miedo de la empresa, porque había incumplimientos sobrados, como la falta de inversión o la puesta en funcionamiento del sistema terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), "non nos consideramos parvos. Preferimos equivocarnos a incumplir nosos principios ideolóxicos", dijo.

Cangas Decide y PSOE pedía informes jurídicos para saber lo que podía costar al Concello de Cangas la rescisión del contrato y también lo hacía el PP, que reconocía, en un exceso, su error tarifario. "Error poidemos cometer. Pero que se chegue hata aquí por errores en dous tramos..." El representante del PP, Pío Millán, lanzó los temores: no hay abierto ningún expediente sancionador y las inversiones se van a retrasar, con lo que los vecinos saldrán perdiendo. Aludió a que prevaricación también podría ser que el Concello no abriera expediente sancionador antes los muchos informes realizados por la Policía Local, Seprona y Aguas de Galicia a lo largo de estos años. El PP pidió incluso la retirada del punto hasta que exista un informe jurídico con el coste que le podría suponer al Concello la resolución del contrato. La portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, quiso tranquilizar a la oposición y aseguró que ese informe jurídico, al que la oposición se refería continuamente iba formar parte del expediente, que no había que temer. Sin que la tensión del debate lo requiriera, Abalo dijo que el PP actuaba como asesores de la empresa concesionaria.