El gobierno local tenía miedo a desnaturalizarse con su propuesta para contratar la gestión del alumbrado público. Recurrió a la heroica, a la fórmula de la menos mala y a que no le temblaría el pulso a rescindir el contrato, como lo quiere hacer con la empresa que gestiona el agua, si la que gane el concurso no cumple. Se agarró a una cosa cierta: el pésimo y caduco estado del alumbrado público de Cangas, a la contaminación lumínica y a que las ayudas oficiales no solucionaría el problema a no ser que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inyecte en las arcas municipales la cantidad necesaria para acometer esta obra. De nuevo los informes. Esta vez se sacó a relucir el de intervención, que aunque para el gobierno local era favorable, para la oposición ofrecía dudas, ya que hablaba sin tapujos de una operación de endeudamiento encubierta. Abalo habló de pragmatismo, para justificar este paso a la privatización, además de ahorro y mejora de un servicio público que no se había hecho en años. Aquí el PSOE fue el único que votó no; Cangas Decide y el PP se abstuvieron. Pero insistimos, la portavoz del PP, Loli Hermelo, escapó de confrontaciones, como lo hizo Pío Millán después.