El gobierno local de Cangas huye de la palabra privatización, tan amigo de defender lo público y de rescindir contratos para que lo gestionado de forma privada, como el agua, pase a municipalizarse. De ahí esa inquietud, esa necesidad de tener informes encima de la mesa que justifiquen la privatización, que consideren que es urgente porque las obras que se quieren acometer son absolutamente inaplazables y que "hay argumentos sobrados y obligados" para adoptar la decisión de privatizar la gestión de la iluminación pública, por 761.000 euros anuales durante ocho años. Asegura el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE), que solo así se puede eludir los obstáculos que suponen para Cangas las leoninas condiciones del plan de ajuste. Por eso señala que no se trata de una privatización al uso, sino de una operación crediticia que permitirá reformar todo el alumbrado del municipio, con especial hincapié en las parroquias. Abalo insiste en que este sistema no tendrá influencia en la economía de las familias y que el 80% de los concellos del estado español recurrieron a este tipo de iniciativas porque con el plan de ajuste de Montoro no se puede a bordar una operación de esta envergadura.

Ya hay informes encima de la mesa. Uno es interno, elaborado por los servicios municipales, que señala que hay un despilfarro actual de mil euros al día. El proyecto tiene como objetivo reducir la importante facturación eléctrica, que supone un 6% del presupuesto municipal y la reducción de la contaminación lumínica.

En este estudio se hace mención a que el 95% de todos los cuadros de mando y protección no cumplen con la legislación vigente del Reglamento Electrónico de Baja Tensión, ya que están totalmente obsoletos y deteriorados (la mayoría tiene más de 25 años). También destaca que todas las lámparas instaladas en el municipio son de descarga, altamente contaminante, ya que van provistas de materiales pesados como el mercurio o el sodio. Otra de las cuestiones que destaca este informe interno es que la mayoría de las luces en la zona rural tienen un elevado coste en mantenimiento por la especial orografía de este municipio, inclemencias metereológicas, salinidad en el ambiente, entre otras, "que repercute tamén nas liñas de distribución aéreas nas que ás dos circuitos máis antigos atópanse deterioradas ou aisladas. Tamén destacar que ainda existe un elevado número de puntos de luz que se atopan en réxime de 'Tanto Alzado', é dicir sen cuadro de medida o ca lles está facturando a un prezo más elevado do normal."

El informe señala que otro punto importante es la facturación eléctrica. A día de hoy, el Concello tiene contratado el suministro de energía para todas las instalaciones de iluminación pública y edificios públicos con tres comercializadoras de Energía, Gas Natural Servicios, Gas Natural S.U.R. y Aura Energía, repartidos por distintos tipos de tarifa, aunque no hace muchos años se llevó a cabo una actualización de contratos de suministro eléctrico con los cambios que se fueron produciendo en el mercado de la energía. "Consideramos que moitos dos contratos están desfasados con respeto as potencias contratadas producíndose un elevado custe na maioría das veces innecesario.

Una rotura en el bombeo de saneamiento en Liméns provocó vertidos de fecales en el camino que llegaron hasta el camping de la localidad, según señala la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro. Una pieza situada antes de llegar al canal de distribución rompió con la fuerza del bombeo, lo que supuso que se vertieran aguas fecales. La UTE Gestión Cangas tuvo que actuar rápidamente. Primero baldeó la zona afectada y después procedió a la soldadura de la pieza. El incidente quedó resuelto a las 21.00 horas.

Por lo que respecta al inicio del expediente de la rescisión del contrato del agua que quieren emprender el gobierno tripartito, el portavoz del PP José Enrique Sotelo, señala que "estamos de acuerdos en que hay que cumplir los contratos. Nosotros denunciamos en una moción la falta de inversiones". Pero Sotelo asegura que el Concello le está dando argumentos perfectos a la empresa para negarse a invertir un euro y no digamos los 3.5 millones, mientras se factura más que nunca. Sotelo pregunta también cuántos expedientes tiene abiertos para poder rescindir el contrato y responde: ninguno".