La propuesta del gobierno, que fue presentada por Mariano Abalo a la junta de portavoces, tendrá como consecuencia la incautación de la garantía y la liquidación de daños y perjuicios a la administración.
El proceso de la resolución del contrato pasa por adoptar el pleno el acuerdo de iniciar el expediente, al mismo se incorporará un informe técnico sobre la valoración de las causas del incumplimiento, se comunicará al contratista la incoación del expediente y se le otorgará un trámite de audiencia por un plazo de diez días naturales con el fin de que pueda alegar, se le dará también audiencia al avalista o asegurador, en el caso de que se proceda a incautar la garantía y en el caso de que el contratista formule oposición a la resolución del contrato, deberá requerirse del dictamen el Consello Consultivo de Galicia.
Aunque en el gobierno tripartito hay unanimidad respecto a municipalizar el servicio, no la hay tanto en relación a lo que podría suponer la resolución del citado contrato para las arcas municipales. La empresa concesionaria puede acudir a los tribunales de justicia, y el pueblo de Cangas está bastante harto de tener que pagar de su bolsillo errores políticos de cálculo por parte de gobierno de todos los colores. Abalo quiere que el servicio lo gestione una empresa pública, pero no está claro que las arcas de Cangas tengan capacidad para afrontar este reto, sobre todo cuando se depende del agua de Vigo. El gobierno encargó un estudio sobre la viabilidad de las alternativas. Se espera un septiembre caliente.
