Declarar la zona de la movida nocturna como "espazo saturado" de locales de ocio y prohibir que se abran nuevos establecimientos de ese tipo e incluso puedan renovarse las licencias o cambios de titularidad a los ya implantados, al menos en las calles más afectadas. Es el objetivo principal de una ordenanza municipal que está elaborando el departamento de Urbanismo de Cangas en respuesta a las quejas de los vecinos de la Avenida de Marín y su entorno por el ruido que genera la concentración de gente en la vía pública, sobre todo las noches de los fines de semana del verano. Los técnicos ya están trabajando en esa normativa que el gobierno tripartito pretende implantar a corto plazo y que, si se cumplen las previsiones, entrará en vigor antes de fin de año.
"Ademais dos horarios de peche dos locais e do nivel de son, un problema fundamental é o ruido que se produce nas rúas pola concentración de xente", reconoce el alcalde, Xosé Manuel Pazos, que ayer analizó la situación con la subdelegada del Gobierno, Ana Ortiz, y los mandos de la Guardia Civil y la Policía Local en la reunión de la Xunta Local de Seguridade. Hace solo unos días, representantes de la asociación de vecinos Santiago Apóstol, que aglutina a residentes en las calles de la movida canguesa, se reunieron en Pontevedra con Ortiz para trasladarle la situación que padecen y pedirle actuaciones más contundentes de las fuerzas de seguridad en aplicación de la normativa para compatibilizar el ocio con el descanso nocturno. La subdelegada tomó nota y lo analizó con el regidor cangués para llevar a cabo "acciones coordinadas" en esa dirección, que deben ser "policiales, pero tamén urbanísticas", apunta Pazos.
La ordenanza que se está preparando, y cuya aprobación inicial el máximo responsable municipal confía en llevar a pleno este verano, seguirá las líneas básicas de otros reglamentos aprobados en municipios turísticos o de concentración de locales de ocio. Uno de los ejemplos más próximos es Sanxenxo, que en marzo del año pasado dio el visto bueno a su "ordenanza municipal de protección do medio ambiente contra a protección acústica", en la que se incluye la regulación y control de locales de ocio o la creación de la figura de zona acústicamente saturada (ZAS) y se establecen los niveles máximos de ruido y vibraciones, tanto en interiores como en exteriores, las obras que deben ejecutar antes de recibir licencia, medidas correctoras e inspecciones periódicas. También introduce la responsabilidad de los titulares de los negocios de evitar que los clientes salgan con bebidas a la calle o que se concentren a las puertas del establecimiento, así como la obligación de comunicar a la Policía Local cualquier incumplimiento, para que los agentes actúen.
Los técnicos de Cangas están recogiendo algunas de esas ideas para plasmarlas en la normativa que elaboran y en la que se contemplarán fuertes multas para los infractores, en función de la gravedad y reincidencia. En Sanxenxo, las sanciones económicas van desde 60 a 1.500 euros para las infracciones leves; de 1.500 a 9.000 euros, así como el cierre del local por un período máximo de seis meses, para las graves; y de 9.000 a 60.000 euros, así como la clausura del local, que puede llegar a ser definitiva, para los casos de mayor gravedad.
Medidores de ruido exterior
El gobierno cangués apuesta por "compatibilizar razonablemente" el ocio con el descanso, pero no piensa escatimar medidas para que se dé ese necesario equilibrio y se ponga límites a la apertura de locales nocturnos en esas "zonas saturadas", de las que sirve de ejemplo la calle Ferrol, una de las que está en el punto de mira de las autoridades. Desde el Concello están dispuestos a no conceder nuevas licencias en esas calles y a poner trabas a la renovación de otras si no cumplen "estrictamente" los requisitos que figuren en la nueva normativa.
Entre las medidas de prevención y control se contempla generalizar las instalación de medidores en locales y las inspecciones periódicas para comprobar que se cumplan los parámetros "normales". Asimismo, el alcalde apunta que se está "barallando" la instalación de medidores también en la vía pública, que servirían de prueba en caso de aplicar sanciones. Pazos asegura que la empresa especializada Virocem ya ha recibido en encargo de valorar la viabilidad técnica y los costes económicos de ese sistema.
