El titular de juzgado de Instrucción número 3 de Cangas, David Pérez Laya, rebajó la fianza de 100.000 que le había impuesto la Audiencia Provincial de Pontevedra a Juan Paulo Giménez (uno de los hermanos de Sinaí Giménez, del clan de los morones) el pasado día 11 de enero como condición para salir de la cárcel, donde se encuentra desde hace ya más de un año.

El juez instructor del denominado caso “Operación Vida” decidió reducir la fianza a la mitad, es decir, que Juan Paulo Giménez podrá salir de prisión si abona la cantidad de 50.000 euros, la misma que entregó su hermano Marino Giménez para salir de prisión. David Pérez Laya responde así a la solicitud de libertad provisional sin fianza y, susbsidiariamente rebaja de la misa, presentada el pasado día 9 de junio.

El juez entiende que “transcurrido el plazo de cinco meses desde la fijación de la fianza de 100.000 euros, tiempo en el que el investigado no ha podido afrontar el pago de la misma, evidencia que si no ha satisfecho la referida fianza es porque carece de medios económicos para ello, ya que se presume que quien puede eludir una situación de prisión provisional y no lo hace es por una cuestión ajena a su voluntad. De acuerdo con lo expuesto, la consecuencia no puede ser otra que la reducción de la fianza impuesta, sin que ello comporte renunciar a los fines cautelares que la justificaron y la siguen justificando, atendida la gravedad de los delitos imputados (extorsión, coacciones, amenazas, blanqueo de capitales y delito contra la Seguridad Social, entre otros) y los marcadores de riesgo de fuga y de reiteración delictiva que se pusieron en evidencia en la anterior resolución”.

Con fecha 20 de junio, el juez rechazó la fianza hipotecaria que presentó Juan Paulo Giménez, ahora defendido por un ex magistrado del Tribunal Supremo, Adolfo Prego de Oliver y Tolivar. Sigue valiendo las obligaciones subsidiarias impuestas del auto de enero de 2017, en relación a la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional, la constitución apud-acta de la obligación de comparecer ante el cuartel de la Guardia Civil más próximo a su domicilio los jueves de cada semana y comunicar cualquier cambio de domicilio, además de prohibírsele acercar a menos de un kilómetro de los mercadillos de Moaña, Redondela, Sabarís, Pontevedra, O Porriño, Tui, Ponteareas, Barro, Cangas y Vigo.

La resolución del juez instructor de Cangas no es firme y por parte del abogado de los testigos protegidos, Alfredo Iglesias, ya se manifestó la intención de recurrirla. El fiscal ya se opuso, por no haber variado las circunstancias que motivaron que la Audiencia fijara en 100.000 euros la fianza para que Juan Paulo pudiera salir en libertad provisional.