Conflictos urbanísticos

El Concello sigue sin derribar los chalés de Darbo y el martes finalizó el plazo dado por el juzgado

El TSXG admite el recurso presentado por la Sareb, donde alega que este ejerció de comprador de buena fe

15.06.2017 | 05:44
Los chalés afectados por la sentencia de derribo. // Gonzalo Núñez

El martes finalizó el plazo de tres meses concedido por Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, para que procediera al derribo de dos chalés en Darbo, concretamente en Ramal do Paraíso. La demolición no se produjo por lo que ahora, según entiende el demandante, el citado juzgado ya podrá imponer multas, acordar la ejecución subsidiaria a cargo del Concello e, incluso, dar traslado al Ministerio Fiscal por desobediencia a la autoridad.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria (Sareb), propietaria actual de las dos edificaciones, sí que ganó en los tribunales una batalla. En principio, el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra desestimó las alegaciones presentadas por la Sareb para impedir el derribo, pero recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y las tuvo que admitir. Sus alegaciones se basan en la aplicación del articulo 108.3 de la LJCA. "Que el bien jurídico protegidos que han de preservar los jueces y tribunales en los incidentes de ejecución de sentencia es dejar indemne, con carácter previo a la demolición, al tercero de buena fe que adquirió de forma onerosa el bien no se ajusta al ordenamiento jurídico (caso de la Sareb, que compró los chalés sin saber que tenían una orden de derribo por incumplir las normas urbanísticas del Concello de Cangas). La Sareb indica que el daño que sufre el adquiriente de buena fe a título oneroso es igual con independencia de quien declare la ilegalidad y ordene la demolición".

La Sareb recuerda en sus alegaciones ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el presunto responsables de la actuación es Promociones Xucaba S.L., empresa con la que nada tiene que ver. "Por todo ello se ha probado que SAREB reúne la condición de adquirente de buena fe, ya que desconocía la existencia del expediente y resolución administrativa instando la demolición".

Sin embargo, los abogados de la parte denunciante consideran que " el juez de instancia ni ha declarado contraria a la normativa la construcción del inmueble, ni ha ordenador motivadamente la demolición del mismo y reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sino que se ha limitado a constatar que un acto firme administrativo no ha sido ejecutado por la administración autora del mismo, exigiéndole por ello que en cumplimiento de la ley, proceda a la ejecución. Subsidiariamente a lo expuesto, cabía señala que en ningún caso puede ser considerado Sareb como adquirente de buena fe, al se reiterada la doctrina jurisprudencia , la que señala que la diligencia exigida al comprador en casos como el de autos, no se agota con la mera consulta del Registro de la Propiedad, sino que exige acudir a los organismos competentes, en este caso el Concello de Cangas del Morrazo, a fin de conocer la situación del inmueble.

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