Una plantilla de funcionarios que se ha visto seriamente mermada. Y en un período de solo dos años. Las dos secciones de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo han perdido a cinco trabajadores -o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro de los que tradicionalmente venían desarrollando su labor en estas salas- como consecuencia del plan de amortización de plazas de la Xunta por el cual no se volvieron a cubrir los puestos que quedaron vacantes debido a las jubilaciones y traslados que se han sucedido desde junio de 2015. De los 20 funcionarios que sumaban ambos órganos, a día de hoy quedan 15, de los cuales 8 están en la Sección Quinta especializada en penal y los otros 7 en la Sección Sexta, que lleva materia civil. Una reducción de plantilla que curiosamente se produce en unas salas donde la alta carga de trabajo obligó a aumentar el número de magistrados. Si en sus inicios entre las dos tenían 6 jueces, en la actualidad son 9: cuatro en la que tramita causas penales y otros cinco -uno de refuerzo- en la civil.

"La carga de trabajo es elevada, aumentan los magistrados, pero cada vez hay menos funcionarios, es incongruente", coinciden las fuentes consultadas de la Audiencia viguesa. La reivindicación de que se aumente la plantilla acaba de ser reiterada ante la Dirección Xeral de Xustiza por el sindicato SPJ-USO, que considera que "como mínimo y por el momento" es necesario el "nombramiento urgente" de un funcionario más en cada sección mediante el procedimiento de sustitución. "Con el plan de amortización, las plantillas de la Audiencia de Vigo se han visto mermadas, provocando nuevos retrasos e impidiendo que la Justicia sea ágil", denuncian en el escrito remitido.

¿Cuál es la situación actual en cada una de las salas? La Sección Quinta, especializada en penal, resuelve recursos, celebra juicios y ejecuta sus propias sentencias. Según la última memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la relativa a 2015, ese año registraron 1.357 asuntos, casi un centenar más que la carga máxima que recomienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Creada en 1999 con tres magistrados y diez funcionarios -además de la letrada de la Administración de Justicia-, a día de hoy la plantilla de jueces subió a cuatro, pero la de funcionarios se vio reducida a ocho tras la jubilación de una trabajadora en junio de 2015 y el traslado de otra en noviembre de ese mismo año. "¿La solución? Las plazas no deben amortizarse. Hay un gran volumen de asuntos y la ejecución de sentencias supone un enorme trabajo", resumen.

Colapso

La Sección Sexta, mientras, tramita los recursos de apelación civiles. Llegó a ser la sala más colapsada de España entre las de su especialidad al acumular más de 1.600 asuntos a la espera de ser resueltos. La cifra se redujo, pero todavía tienen una bolsa de más de 500 casos pendientes. Y en relación con las causas nuevas que registran, en 2015 fueron 1.006, la cifra más alta de las secciones civiles gallegas. Un número que se sitúa dentro de los módulos aconsejados, pero ya rozando el límite máximo.

La situación de colapso constante que vivió esta sala ha provocado que su número de magistrados haya crecido hasta cinco -uno lleva años como refuerzo-. En contraposición, frente a los 10 funcionarios que había cuando la sala nació en 2001, ahora solo hay siete. Los dos traslados que hubo en 2015 y una jubilación de este año no se cubrieron. "Sólo somos cinco funcionarios para tramitación; tocamos a uno por magistrado; es insuficiente", dicen. "En vacaciones o ante una baja surgen verdaderos problemas, de darse situaciones de que un funcionario esté asignado a tres magistrados", describen.