Los tribunales aprietan al Concello de Cangas en el tema de los derribos pendientes. Es ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra quien dictó un auto en el que requiere al Concello que en el plazo improrrogable de cinco días remita informe y cronogramas para el cumplimiento íntegro de la sentencia dictada que condena al Ayuntamiento a derribar la planta hormigonera de A Portela, propiedad de Luis Barros. El auto tiene fecha de día 1 de junio y se supone que pone fin al incidente de inejecución de sentencia que promovía también el Concello de Cangas para no proceder a derribar el inmueble, pero sí para cerrar la actividad, calificada de nociva e insalubre que practicaba y la principal razón por la que los vecinos decidieron interponer el recurso contencioso correspondiente ante los tribunales. Según fuentes municipales, la fábrica de hormigón prácticamente no registra actividad, debido principalmente a la crisis de la construcción. La modificación puntual de las Normas Subsidiarias aprobada por la Xunta de Galicia recientemente tampoco influye de manera positiva en el futuro de la planta, precisamente debido a la actividad que se genera.
El gobierno local debe ahora establecer un cronograma, como en su día ya lo había hecho el gobierno del Partido Popular, en marzo de 2015, cuando la junta de gobierno aprobó la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de la demolición de la planta de fabricación de hormigón fresco y nave de almacén de A Portela. De este procedimiento abierto nada se supo.
