El origen del actual conflicto se remonta a mayo de 2015, dentro del proceso de liquidación concursal de Promalar. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra [con sede en Vigo] subastó tres lotes de terrenos que estaban registrados a nombre de la empresa. Uno de ellos lo integraban 6 hectáreas conocidas como "Reventóns A", en Beluso, y 15 hectáreas en "Cabo da Solda A", en Aldán. Cuando los comuneros de Beluso tuvieron conocimiento de esa subasta convocaron una asamblea vecinal, en la que alertaron a los vecinos de que la parcela "Reventóns A" en realidad era un conjunto de más de un centenar de propiedades particulares.

Los afectados presentaron más de 80 escritos solicitando la paralización de la puja, una petición que fue rechazada por el Juzgado de lo_Mercantil. Algunos vecinos acudieron al juzgado con documentación que demostraba que las parcelas que se iban a subastar les pertenecían desde "origen remoto". Entre ellos estaba el propio José García Cuervo, que portaba escrituras que atestiguaban que uno de los terrenos que se subastaba pertenecía a la familia de su esposa desde 1938. El juzgado decidió continuar adelante alegando que "cualquier cuestión sobre la delimitación de fincas o reivindicación de propiedad deberá hacerse valer ante el órgano judicial que corresponda".

A partir de entonces más de medio centenar de vecinos decidieron agruparse y cuentan con el asesoramiento de la Comunidade de Montes de Beluso y de su despacho de abogados. El presidente de los comuneros, Xosé Ramón Millán, recuerda que en su momento ya tuvieron que litigar con la entidad bancaria durante el proceso de clasificación de los montes comunales. Los tribunales le dieron entonces la razón a los comuneros e incluso impuso una multa de 500 euros al banco por un recurso "manifiestamente inadmisible".