La problemática surgida por la subasta judicial de los presuntos bienes de Promalar es un capítulo que aún dista de cerrarse. Al menos para los vecinos de Bueu afectados por esa venta de terrenos en la parroquia de Beluso, un lote de 6 hectáreas denominado "Reventóns A" que fue adjudicado al Banco Popular tras ofrecer 250.000 euros. Los afectados denuncian que en realidad ese terreno está compuesto por más de un centenar de parcelas de propietarios particulares y no de Promalar. Las dos partes llevan negociando una salida desde hace casi dos años y habían alcanzado un acuerdo que acaba de saltar por los aires. Al menos así lo entienden los vecinos, que se sienten "traicionados" por el banco y su portal inmobiliario.

Hace unos días se celebraron los primeros actos de conciliación judicial en los que estaba previsto un acuerdo de conformidad con el banco, pero en el último momento la entidad rechazó esa avenencia. Este giro ha sorprendido a los afectados y a su representación legal, que exigen una reunión inmediata con representantes del banco y le dan un plazo de diez días. En caso contrario no descartan iniciar movilizaciones sociales contra la entidad, que precisamente vive unos momentos muy complicados. En este proceso cuentan con el apoyo expreso de la Comunidade de Montes de Beluso, que fue la primera en alertar de la situación.

La confianza de los vecinos afectados, entre los que se encuentra el concejal de Facenda y teniente de alcalde del Concello de Bueu, José García Cuervo, se sustentaba en las conversaciones mantenidas a lo largo del último año, así como en los documentos firmados por responsables del banco en los que se daba la razón a los afectados. En uno de ellos, fechado en febrero de 2016, el director territorial del banco en Galicia reconocía explícitamente que la parcela que se la había adjudicado al Banco Popular en la subasta de mayo de 2015 "no se corresponde con ninguna de las parcelas de los vecinos que ustedes indican, ni por superficie ni por ubicación". La entidad bancaria llegaba a esa conclusión después de analizar la abundante documentación presentada por los afectados y tras contratar a un perito especializado. Desde la delegación de Vigo del banco también "se anticipó la no oposición a las medidas que instase" el colectivo de afectados, según afirman los representantes legales de los vecinos.

El concejal de Facenda y teniente de alcalde de Bueu es uno de los portavoces de los afectados y esta semana no ocultaba su sorpresa y enfado por el giro en la situación. "Esa carta firmada por el director territorial fue el punto de partida para buscar una solución global, que pasaba por el reconocimiento en sede judicial de lo que nos decía por escrito el banco. Acordamos como solución un acto de conciliación judicial como medio y la avenencia de Aliseda [la inmobiliaria del banco] a la legítima reclamación de los vecinos", explica José García Cuervo.

Para ello más de medio centenar de vecinos contraron los servicios de un topógrafo profesional, que se encargó de realizar un levantamiento y plano de las propiedades de los interesados. "Ahora sorprendentemente, una vez que nosotros ya hemos abonado el coste de esos trabajos, el banco cambia de postura, previa sustitución de los interlocutores", denuncia el concejal y vecino buenense.

Esa marcha atrás se sustanció hace unos días Juzgado de Instancia número 9 de A Coruña, en el que estaba fijado el acto de conciliación, donde la representación legal del Banco Popular y Aliseda manifiesta que "no se aviene [al acuerdo] por los motivos que se expondrán en el momento procesal oportuno", según consta en el acta judicial.