El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, afirma que enterrar la línea eléctrica que va a los faros de Cabo Home es un gasto muy elevado que en estos momentos el Puerto no está en disposición de asumir, al tiempo que mantiene que la entidad considera que contó con las licencias necesarias para llevar a cabo el tendido aéreo. Añade que la forma en la que actuó el Concello no es la vía para conseguir las cosas.

Afirma que la postura del Concello de Cangas no es razonable, porque no se puede dejar sin iluminación las señales marítimas. y alude a que serán los tribunales de justicia, ahora, los que digan quién tenía razón. "Nosotros acataremos la sentencia sea cual sea, igual que lo tendrán que hacer el Concello de Cangas. Ellos dicen que no tenemos derecho a pasar y nosotros que sí. No se qué busca el Concello de Cangas. Hay peligro para navegar. Si lo quiere utilizar como palanca para negociar...", manifiesta el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Enrique López Veiga habla así porque está convencido de que es una estrategia más para negociar la zona de Massó que pertenece a la Autoridad Portuaria. "Las cosas no se plantean así. Lo de Massó no se puede negociar porque aún está un litigio por resolver. Además, yo no engaño. No soy partidario de dar así por las buenas algo que es patrimonio del Puerto de Vigo, la entidad no está para realizar estos regalos", explica.

Enrique López Veiga sorprende con que hay un contencioso pendiente en los tribunales presentado por la anterior concesionaria de los terrenos, Residencial Marina Atlántica, que señala que solicita cuatro millones de euros de indemnización por la decisión de la Autoridad Portuaria de Vigo de extinguir la concesión administrativa que tenía en Massó. Según López Veiga el asunto está pendiente de resolver en Madrid.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó en 2016 el recurso contencioso administrativo interpuesto por Atlántico Construcciones y Promociones S.L: y Nova Caixa Galicia Banco contra la resolución del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se acordaba la extinción de la concesiones administrativas titularidad de la empresa Residencial Marina Atlántico, en la zona de Massó. El fallo judicial, además de reforzar la paz social en Cangas, puso también al descubierto las distintas empresas que con nombre parecido manejaba Ubaldino Rodríguez. Precisamente, el alto tribunal basa su sentencia en la falta de legitimación de los que interponen el recurso.

La magistrada ponente señala que el BOE de 26 de febrero de 2013 "puesto que por auto de 5 de febrero de 2013 se acuerda la suspensión de las facultades de administración disposición del concursado sobre su patrimonio, se declara disuelta Residencial Marina Atlántica, cesando en su función sus administradores y siendo sustituidos por la administración concursal.