28 de mayo de 2017
28.05.2017
El largo conflicto judicial entre la concesionaria del ciclo integral y el Ayuntamiento de Cangas

El juzgado rechaza indemnizar a la UTE del agua por cobrarle el Concello la tasa del uso del suelo

El citado tributo entró en vigor en 2008, pero no se empezó a liquidar hasta 2013 -La empresa consideraba que había incumplimiento del contrato -La cláusula del pliego, que exime a la concesionaria del cobro, fue anulada

28.05.2017 | 06:46

El Concello de Cangas, tras perder en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el conflicto sobre la aplicación de la tasa del agua, que planteó la concesionaria del servicio, la UTE Gestión Cangas, ganó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra el pleito que mantenía también con la citada empresa por la aplicación de la tasa que grava la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo constituidas en las vías municipales por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones o suministros que entró en vigor el 1 de enero de 2008. El Concello de Cangas cobró por este concepto la cantidad de 119.481 euros, a lo que se le añadieron 35.309,61 euros en concepto de sanción impuesto por el impago inicial de tales tributos, ascendiendo la cantidad abonada a 154.790,62 euros.

La UTE Gestión Cangas solicitaba en los tribunales el derecho a una indemnización porque consideraba que la aplicación de la tasa o más concretamente, la anulación de la cláusula, en la que la empresa quedaba exenta de su pago, le generaba un perjuicio económico por el que debía ser indemnizado. El Concello de Cangas, haciendo caso omiso del contenido del pliego, procede a la aprobación de una nueva ordenanza en la que se obliga al concesionario al pago de la controvertida tasa, generándole un evidente perjuicio. La UTE planteó ante los tribunales que realizó su oferta al contrato teniendo previsión de coste y beneficios y se le adjudicó por ser la oferta económicamente más ventajosa. Considera que la anulación de la cláusula 73 constituía un claro incumplimiento contractual por parte del Concello, alterando la retribución del concesionario y generando un perjuicio económico que debía ser indemnizado.

El Concello de Cangas siempre negó la existencia de desequilibrio económico como consecuencia de la inaplicación de la cláusula 73 del contrato administrativo. Afirma que el hecho de que no se hubiese liquidado la tasa hasta el año 2013 "ha de imputarse a una actitud negligente del Concello, que pudo haber beneficiado también a otras empresas y no solo a la demandada. Recuerda que la obligación fiscal del pago de la tasa existía desde siempre, no pudiendo alegar ahora, por el hecho de no habérsele cobrado la misma, que se produjo un desequilibrio económico.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra señala que "no puede considerarse que en este caso exista un supuesto indemnizable por la existencia de una ruptura del equilibrio contractual, pues lejos de existir una causa sobrevenida e imprevisible, la circunstancia que alega por parte demandante como causa del desequilibrio existía ya cuando se adjudicó y formalizó el contrato, al deberse la inaplicación de una de sus cláusuas a los dispuesto en la ley vigente ya entonces, que era la que determinaba la improcedencia de exonerar del cumplimiento de la obligación tributaria por pacto entre las partes". También señala el fallo judicial que el Concello de Cangas no efectuó modificación alguna en el contrato, "sino que, como ya se indicó, la cláusula 73 incluida en el mismo venía afectada por la ley, como el resto del pliego, desde su aprobación".

Afirma que juzgado que tampoco puede estimarse la solicitud de indemnización por incumplimiento contractual por el Concello de Cangas, en relación al pliego de condiciones del contrato. Recuerda que un límite a esa libertad contractual los constituye el respeto al ordenamiento jurídico, de forma que las cláusulas contractuales no pueden ser contrarias a éste, "siendo así que en este caso ha de reiterarse que la cláusula 73, por ser contraria a la ley, no entraría dentro de esa libertad contractual".

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