Los vecinos afectados por las llamadas telefónicas que está realizando la empresa Lindorff prefieren una respuesta más clara por parte del Concello, algo en lo que ellos poder ampararse si hay una demanda judicial. Lo cierto es que con el Partido Popular, en el año 2015, sí que se aconsejó no pagar los recibos que se reclamaban. El entonces concejal de Hacienda, Pío Millán, dejó claro que no se había aprobado ningún padrón ni puesto al cobro en vía ordinaria ni tampoco en ejecutiva. El llamamiento a no pagar fue claro en esa ocasión.
Los contribuyentes afectados exigen de nuevo una toma de partido contundente por parte del gobierno, no quieren medias tintas ni mucho menos decir que se trata de una decisión personal, porque fueron los gobernantes los que firmaron el contrato entre el Concello de Cangas y la empresa Pridesa, en el año 1998, que después pasó a manos de Acciona Aguas. Por ese motivo quieren explicaciones claras y concisas de lo que se debe hacer, porque no se trata de un problema creado por los contribuyentes, sino que es problema o de la empresa o de la administración local.
