04 de mayo de 2017
04.05.2017

Los vecinos del edificio Pintos piden al Senado acabar con la "epidemia" de la inseguridad jurídica urbanística

Representantes de los afectados participaron ayer en Madrid en el acto de entrega del Premio Prior por la justicia en el urbanismo

04.05.2017 | 03:03
El presidente del Senado, Pío García Escudero (en el centro), junto a participantes en el acto. Entre ellos, José María Alén de la Torre, de Bueu, segundo por la derecha, en la primera fila. // A.A.R.

El conflicto que rodea a la orden de demolición del edificio Pintos, en Bueu, llegó ayer hasta el Senado. Fue durante el acto de entrega a la cámara alta del Premio Prior, un galardón quereconoce el trabajo en favor de la justicia urbanística, y en el que estuvo uno de sus vecinos, José María Alén de la Torre, que a su vez preside la Asociación Galega de Defensa Urbanística dos Terceiros de Boa Fe (Agade). Pero como el propio Alén de la Torre se encargó de señalar en su su discurso, no se trata solo de un problema de las 19 familias de este inmueble. "El problema lo había toda Galicia y España. ¡Era y es una epidemia", afirmó en su intervención, en la que se acordó del edificio de la calle Noria, en Cangas; O Piricoto, en Vigo; el Conde de Fenosa en A Coruña, entre otros.

El representante de los afectados de Bueu y del resto de Galicia aprovechó para reclamar a los representantes políticos que "sigan trabajando para evitar que se sigan celebrando juicios a espaldas a los inocentes legítimos propietarios de viviendas, que se dote de mecanismos al Registro de la Propiedad para que futuros compradores puedan comprobar todos los procedimientos administrativos y judiciales sobre una vivienda".

El Premio Prior lo concede la Coordinadora Nacional de Asociaciones Pro Justicia en el Urbanismo (CAJU), de la que forma parte Agade. En esta primera edición se decidió reconocer al Senado por la aprobación del articulo 108.3 de la jurísdicción contenciosa-administrativa, que impide el desalojo de los afectados por una sentencia urbanística que tengan la consideración de terceros de buena fe mientras no se garanticen las correspondientes indemnizaciones. "Fue en Galicia, con un auto emitido por una juez solo cinco días antes de que expirase la orden de desalojo forzoso firmada por el alcalde, donde tenemos constancia de que se aplicó por primera vez", explicó José María Alén de la Torre, recordando el caso del edificio Pintos.

Volvió a rememorar los momentos vividos en octubre de 2015, con la orden de desalojo previa a la ejecución de la sentencia. "Representó uno de los momentos más dolorosos de nuestras vidas [...], cuando leímos que no solo nos desalojaban, no solo que el desalojo lo pagaríamos nosotros, sino que además se indicaba que nuestros enseres y pertenencias serían depositados sobre una lona donde serían tratados como residuos. Nuestras vidas en una lona", recordó delante del presidente del Senado, Pío García Escudero, y del resto de representantes de grupos políticos en el Senado. "Compramos una vivienda, de protección oficial en nuestro caso, acudiendo al Registro a comprobar que no había carga sobre la misa, comprando ante notario y escriturando en el Registro, pagando durante 30 años impuestos... para al final comprobar que daba lo mismo comprar legalmente que haber comprado en un top manta", añadió como ejemplo ilustrativo.

El representante del edificio Pintos y presidente de Agade fue el primero en intervenir en el acto celebrado ayer en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Senado, donde también intervinieron otros representantes de CAJU. "Nosotros acudimos representando a Galicia y la situación de todos los edificios con sentencias de demolición donde existen terceros de buena fe", explicaba José María Alén de la Torre.

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