"A taxa por ocupación do dominio público local suporá un ingreso substancial para este Concello", justifica el gobierno tripartito de Cangas en el acuerdo para encargar a una consultoría la implantación de la ordenanza fiscal que grave a las empresas de suministro de energía, principalmente gas y electricidad, por utilización privativa o aprovechamiento especial del espacio municipal. La consultora Iurislocalia, del grupo Gonzalo Abogados, es la encargada de confeccionar la ordenanza fiscal ajustada al municipio, las tarifas a aplicar y el estudio técnico, económico y jurídico preceptivo, así como de resolver las alegaciones a la aprobación provisional de la ordenanza, de supervisar el modelo de notificación que tendrá que remitir el Concello a los pagadores de la tasa y de prestar asesoramiento en toda la tramitación hasta su publicación oficial definitiva. A cambio, cobrará 3.000 euros (más IVA), así como un 15% de la cantidad correspondiente a la cuota tributaria que el Concello de Cangas aplique a las empresas el primer año.

En el documento, que ya ha recibido el visto bueno de la Xunta de Goberno Local, también se recoge el compromiso municipal de encargar al mismo bufete la defensa jurídica del Concello de Cangas por cualquier cuestión derivada de esa ordenanza, particularmente las impugnaciones que puedan darse por parte de los sujetos pasivos, ya sean con respecto a la ordenanza fiscal o a la aplicación de la liquidación, así como las acciones judiciales que se deriven de las nuevas tarifas aprobadas.

El concejal de Urbanismo e Facenda, Mariano Abalo, impulsor de esta iniciativa que cuenta con el respaldo de todos los grupos que forman el gobierno tripartito -y, en principio, también de la oposición, que en el Pleno de enero votó a favor de una moción en este sentido presentada por el BNG-, explica que la empresa adjudicataria del contrato fue elegida por su amplia formación y experiencia en este campo, con resultados satisfactorios en otros municipios españoles. El edil confía en que los trabajos de inventario, que servirán para conocer el alcance real de esta medida y las estimaciones de ingresos, comiencen de inmediato, que la ordenanza fiscal se apruebe en los próximos meses y que pueda aplicarse en 2018, aunque apuesta por el "rigor" más que por la urgencia.

En el debate plenario sobre este asunto, la corporación se mostró partidaria de que las empresas de suministro energético -al menos de electricidad y gas- que ocupan parte del suelo público para prestar sus servicios paguen una tasa por ocupación, como ya lo hacen compañías de telecomunicaciones o entidades bancarias por colocar cajeros en la vía pública. Aquella moción fue aprobada por unanimidad, aunque casi todos reconocieron que el procedimiento es complejo y se debe hacer con rigor para evitar que lo tumben los tribunales a instancias de las firmas afectadas, como ya intentaron con algunos municipios que la aplican. Por eso Abalo insiste en dar "pasos firmes" y de contar con una empresa experimentada en la defensa de los intereses del Concello.